La delincuencia aumenta en Lima y ello ha llevado a las autoridades a buscar medidas más extremas para intentar frenar su avance. Este viernes 22 de septiembre se reunieron la mayoría de alcaldes de la capital para acordar una solicitud al gobierno de Dina Boluarte. Buscando seguir los pasos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, plantean una generalización del estado de emergencia por parte del Ejecutivo a toda la ciudad.
López Aliaga y la figura del «terrorismo urbano»
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se refirió sobre los sucesos ocurridos en San Juan de Lurigancho en la discoteca Xander`s la semana pasada. Calificó a este hecho como parte de actos de terrorismo urbano que vienen ocurriendo en Lima. Entre otras cosas, para combatir ello se mostró a favor de implementar una nueva norma en la que se establezca la figura del terrorismo urbano como delito, así como incluso reabrir El Frontón para poder recluir a los delincuentes.
Señaló el burgomaestre, por otro lado, que viene sosteniendo conversaciones con los ministros del Interior y de Defensa. Esto con el fin de desplegar el apoyo de las Fuerzas Armadas para resguardar a la capital de la delincuencia. Estas medidas, para que sean legítimas, sin embargo, se debe precisar que deben realizarse conforme al Decreto Legislativo 1095, el cual debe estar siempre presente para garantizar el estado de derecho.
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¿Cómo surgió esta iniciativa entre los alcaldes de la capital?
Esta semana, se oficializó la declaratoria de estado de emergencia en nueve distritos del país, incluyendo dos en Lima. Esta medida ya ha comenzado a surtir efectos, logrando desarticular en total 8 bandas criminales en el área de excepción. De esta forma, la mayoría de alcaldes buscan replicar esta medida para así conseguir resultados inmediatos.
De esta manera, en una entrevista para El Comercio, Renzo Reggiardo, el teniente alcalde de Lima, mencionó que no es lógico solamente declarar esta medida en dos distritos. Esto debido a que considera que la delincuencia no tiene fronteras y, por lo tanto, si es que solamente se actúa con el apoyo de las fuerzas armadas en unos puntos de la ciudad, no sería eficaz para poder frenar la delincuencia.
¿Qué contempla este pedido y cuál es su finalidad?
33 alcaldes de distritos como Surco, San Isidro, El Agustino, Carabayllo, La Molina, entre otros, solicitan una medida excepcional. Las autoridades municipales que firmaron esta solicitud señalaron estar de acuerdo con una serie de puntos referidos a la inseguridad en Lima, así como respecto al pedido ya realizado por Rafael López Aliaga en su momento. Con el fin que las fuerzas armadas ingresen en casos excepcionales como en el presente a apoyar a la Policía Nacional.
De este modo, acordaron que Rafael López Aliaga debe oficializar el pedido ante el Ministerio del Interior para solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas en todos los distritos de Lima. Además, que el Ejecutivo generalice el estado de excepción del Decreto Supremo aprobado por Dina Boluarte a los 43 distritos de Lima Metropolitana.
Por otro lado, algunos distritos decidieron no sumarse a la propuesta. Entre ellos se encuentran Comas en Lima Metropolitana y Carmen de La Legua en la Provincia Constitucional del Callao. Esto debido a que afirman que ya existe actualmente un plan integral junto con la PNP para hacerle frente a la delincuencia y las bandas organizadas de la zona.
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Las facultades del Ejecutivo en seguridad ciudadana
El sábado 23 de septiembre se oficializó en El Peruano la Ley N 31880 en la que el Congreso delega funciones al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, frente a desastres y otros. En ella se ha establecido una mayor autonomía a la Presidenta Dina Boluarte para poder hacerse cargo de funciones de carácter principalmente presupuestario. Pero también a nivel de atención frente a casos de violencia contra la mujer y a poblaciones vulnerables, así como la modificación del Código Penal y el Código Procesal Penal.
Se modifica en el Código Penal los artículos referidos a los delitos contra la seguridad y tranquilidad pública. Además, se incluye ya la ley aprobada de modificación y ampliación de los alcances a la legítima defensa, proyecto del congresista José Cueto. Esta medida busca eximir de cualquier responsabilidad penal a las personas que en su defensa o de terceros hagan uso de la fuerza e incluso de la letalidad. Esto en clara respuesta a los acontecimientos ocurridos anteriormente en los que existió una incertidumbre respecto a los alcances del uso de la legítima defensa cuando se intenta proteger a la propia vida o vida de familiares.
Sin embargo, también se especifica en la norma que se deben respetar con estas facultades extraordinarias los derechos constitucionales de la ciudadanía. Así, se señala que las facultades respecto a los delitos contra la seguridad y tranquilidad pública se debe hacer siempre «sin criminalizar las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, así como el derecho de reunirse pacíficamente sin armas u otros derechos fundamentales».
Esto último debe ser evaluado ya que la solicitud de un estado de emergencia implica la suspensión temporal de los derechos y garantías individuales. Por lo tanto, esta medida no puede ser generalizada, ya que sería inconstitucional mantenerla a largo plazo como forma de frenar la delincuencia. Ya el año pasado se declaró en emergencia a toda Lima Metropolitana por esta causa, sin plantear hasta ahora una estrategia eficiente a largo plazo.
