La derogación de esta ley optó por delegar la inversión de obras de administración directa en favor de los gobiernos regionales y locales, dejando de lado la intervención privada.
La Ley N° 31897 publicada el martes 17 en el diario oficial El Peruano derogó la Ley 31876, la cual regulaba el proceso de ejecución de obras por administración directa.
Esta ley limitaba ejecutar facultades a los gobiernos locales y regionales de inversión de obras que asciendan las 50 UIT equivalente a S/ 2,475 soles. Además, también prohibía la adquisición de maquinaria y equipos con cargo al presupuesto de la obra; por lo que, en respuesta a estas iniciativas generó polarización para su derogación.
Frente a ello, se inició una protesta de los gobernadores por la derogación de esa ley, debido a que se estaría contraviniendo contra la de descentralización como uno de los mecanismos para la gestión en los diferentes niveles de gobierno en el país y de igual forma atentando contra la reactivación económica por la falta de interés en invertir ante proyectos públicos.
Según un reporte de prensa del portal Gob.pe, la gobernadora regional de Lima Rosa Vásquez Cuadrado se sumó a la protesta de sus homólogos y alcaldes distritales y provinciales para exigir al Congreso de la República la derogatoria de la Ley N.° 31876.
Asimismo, señaló ante los medios de prensa que la cuestionada normativa legislativa reflejaba atentar contra el desarrollo de los pueblos y la satisfacción en la atención del bien común de gobiernos locales y regionales.
Iniciativa legislativa congresal: ¿Cuáles fueron sus implicancias?
La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, fue quien presentó el proyecto de ley 31897, que plantea la derogatoria de la Ley 31876.
“La Ley 31876 no ha sido socializada de manera oportuna con los gobiernos subnacionales, en tanto que sus efectos jurídicos estarían generando un impacto negativo en el desarrollo del país, sobre todo causando perjuicio en las localidades de jurisdicción distrital provincial o regional, más alejadas o en zonas de frontera poco comunicadas”, señaló.
Por otro lado la votación en el Pleno del Congreso, por amplia mayoría (106 votos a favor y 7 abstenciones) derogó la Ley 31876, la cual regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional.
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Contraloría General de la República en contra de la derogación: ¿en busca de criterios técnicos más eficientes a favor de la descentralización?
La Ley 31876, propuesta por Contraloría desde 2021, establecía que si la obra sobrepasaba el monto ascendente de S/250.000, debía facultarse al sector privado, evitando la burocracia en la ejecución de obras de administración directa por parte de los gobierno regionales o locales.
Según datos de la propia Contraloría: las obras públicas por administración directa han demostrado resultados ineficientes. Entre el 2018 y 2021, se ejecutaron 58,212 proyectos de inversiones. De ellos 24,175(42%) corresponden a administración directa.
Esta intervención de la Contraloría General de la República recae en identificar el planteamiento de gestión en obras de administración directa, en las contrataciones y compras públicas y el mal uso de los recursos públicos, más aún cuando se designa un presupuesto correspondiente en el que se tiene proyectado una inversión.
Según información de la Contraloría, el mayor número de obras sin terminar son aquellas que se iniciaron bajo dicha modalidad. Hasta el segundo trimestre de 2023, 1,095 proyectos se encuentran inconclusos a nivel nacional. Anteriormente, la Resolución de Contraloría N 195-1988 únicamente regulaba el actuar fiscalizador de la entidad pública. Por ello, la Ley 31876 buscaba establecer nuevos criterios técnicos que permitan evaluar el proceso de administración pública y así evitar que la ejecución de obras a cargo de municipalidades y gobiernos regionales no terminen de satisfacer las necesidades de los contribuyentes.
Por su parte, el exministro de economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta, mencionó que derogar esta ley representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y falta de transparencia en el Estado. Además, aseguró que esto permitirá que las inversiones públicas en regiones se paralicen.
