Los delitos cometidos por el fugitivo juez supremo César Hinostroza Pariachi y otros miembros de la red de corrupción llamada “Los Cuellos Blancos del Puerto” ya no podrán ser juzgados ni condenados por el Poder Judicial. Esto se debe a la entrada en vigor de la Ley 31751. En ella se modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal, en relación con la suspensión del plazo de prescripción.
La publicación de la Ley 31751 tuvo lugar el pasado jueves 25 de mayo de 2023, en la sección digital de normas legales del periódico El Peruano. A partir de las 00:00 horas de hoy, 26 de mayo de 2023, la ley entró oficialmente en vigencia. En consecuencia, cualquier delito con una pena máxima de dos años, cometido antes del 25 de mayo de 2019, ha quedado prescrito.
Un ejemplo es el caso de los delitos de patrocinio ilegal que se imputan al exjuez César Hinostroza Pariachi. También, están incluidos los exmiembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, Julio Gutiérrez Pebe, Sergio Noguera Ramos, Guido Águila Grados y Orlando Velásquez Benites. Estos actos ilícitos supuestamente fueron cometidos durante el año 2018, pero han prescrito.
El exfiscal supremo Pedro Chávarry, así como los excongresistas Luciana León Romero, Roberto Vieira Portugal y Héctor Becerril Rodríguez, entre otros, también estaban involucrados en casos de patrocinio ilegal. Sin embargo, debido a esta ley, dichos casos han prescrito y ya no serán objeto de juicio.
¿Cómo funciona esta ley?
La ley establece que el plazo de prescripción para cualquier delito se reduce a un año. En casos de delitos más graves, con penas superiores a 20 años, esto suele no suponer una complicación. Sin embargo, aquellos procesados por delitos graves podrían beneficiarse de la modificación aprobada por el Congreso debido al tiempo transcurrido desde la comisión del delito.
El problema inmediato reside en los delitos menores, como el delito de patrocinio ilegal cometido por funcionarios públicos. Esto lleva consigo una pena máxima de dos años de prisión. Por lo general, estos casos prescriben en un plazo de tres años, que es la suma de la pena máxima y la mitad de esta. Esta situación resultaba en impunidad, especialmente cuando involucraba a altos funcionarios públicos.
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En los casos que involucran a altos funcionarios públicos, incluyendo a los personajes mencionados anteriormente, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial necesitan obtener la autorización previa del Congreso para iniciar, llevar a cabo el juicio y dictar una sentencia. Esta autorización suele llevar meses e incluso años en obtenerse.
Sin embargo, ahora el Congreso ha determinado que la suspensión no seguirá la norma establecida por la Corte Suprema, sino que se limitará a un año. Esto significa que los casos de delito de patrocinio ilegal que sean tratados por el Congreso de la República tendrán un plazo máximo de prescripción de cuatro años. Lo que quiere decir que el plazo de prescripción estándar de tres años, más un año debido a la suspensión.
