El Congreso de la República ha promulgado la Ley 32026. Esta es una norma que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para ampliar los alcances de la legítima defensa. La nueva legislación, que fue aprobada por insistencia el 16 de mayo de 2024, ha generado un intenso debate en el país. A continuación, analizaremos los puntos clave de esta ley, sus implicaciones y las críticas que ha suscitado.
Modificaciones Claves en el Código Penal
Exención de Responsabilidad Penal
La Ley 32026 modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal (Decreto Legislativo 635), estableciendo que cualquier persona que actúe en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, utilizando incluso la fuerza letal, quedará exenta de responsabilidad penal, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Estas condiciones incluyen que la agresión sea actual, ilegítima y real; que haya una necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y que quien defiende no haya provocado la agresión.
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Responsabilidad Restringida
El Código Penal ha modificado el artículo 21 para establecer que las autoridades incautarán, en un plazo de 48 horas para las investigaciones preliminares, cualquier arma de fuego registrada a nombre de una persona que la haya utilizado para repeler una agresión.
Protección del Domicilio y Otros Espacios
La ley también amplía el concepto de legítima defensa para incluir situaciones de peligro inminente dentro de inmuebles, vehículos, negocios, empresas, asociaciones civiles, lugares de trabajo o cualquier inmueble donde se ejerza la legítima propiedad o posesión. En caso de sufrir una agresión ilegítima en cualquiera de estos espacios, la persona tiene el derecho de utilizar la fuerza letal para defenderse, y esta acción será considerada legítima.
Modificaciones en el Nuevo Código Procesal Penal
Se ha incorporado el literal d) al artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957), que establece que no procederá la prisión preventiva en casos de legítima defensa, a menos que existan antecedentes o pruebas fehacientes de un delito o una sentencia condenatoria firme. Las autoridades deben realizar una evaluación exhaustiva de las circunstancias antes de encarcelar preventivamente a las personas que actúan en defensa propia o de terceros.
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Reservas del Poder Judicial y el Ministerio Público
No todas las instituciones han recibido con agrado la promulgación de esta ley. Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público han expresado serias reservas sobre su viabilidad y potencial impacto. La Fiscalía señala que la legítima defensa ya está regulada en el Código Penal actual y que una nueva ley podría interpretarse como una «licencia para matar», desvirtuando el concepto de defensa racional y proporcional.
En un informe técnico, la Fiscalía advierte que invocar la inseguridad ciudadana como justificación para ampliar los márgenes de la legítima defensa es una medida improvisada que podría incrementar los índices de criminalidad. La entidad subraya la necesidad de mantener un análisis objetivo y caso por caso de las situaciones de defensa. Esto para evitar la instrumentalización del derecho penal de manera simbólica y asegurar que la respuesta violenta sea verdaderamente necesaria y proporcional.
El Poder Judicial analizará con objetividad cualquier defensa de derechos personales o de terceros para determinar si realmente existe una agresión o peligro en los bienes jurídicos. En su comunicado, la institución enfatiza que no respetar estos parámetros debilitaría la excepción a la regla general de no causar daño a otros, potencialmente llevando a un aumento de actos delictivos bajo el pretexto de la defensa legítima.
Apoyo y Aprobación en el Congreso
A pesar de las críticas, el Congreso aprobó la ley con 79 votos a favor. Los defensores de la norma argumentan que es una respuesta necesaria ante la creciente inseguridad ciudadana. Además, brinda a los ciudadanos una herramienta legal para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos en situaciones de peligro inminente.
El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, quien promulgó la ley, ha defendido la medida señalando que ofrece una protección legal adecuada a quienes actúan en legítima defensa y evita que estos individuos sean penalizados injustamente. Según Soto Reyes, la ley responde a una demanda ciudadana de mayor seguridad y protección frente a la delincuencia.
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Balance Final: Entre la Defensa y el Abuso Potencial
La Ley 32026 representa un intento por reforzar la protección legal de los ciudadanos frente a situaciones de peligro inminente, ampliando los alcances de la legítima defensa. Sin embargo, la norma no está exenta de riesgos y críticas. La falta de un criterio claro de proporcionalidad y el temor de que se utilice la ley para justificar actos violentos innecesarios son preocupaciones legítimas planteadas por el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Es esencial que la implementación de esta ley venga acompañada de una rigurosa supervisión y evaluación de sus efectos en la práctica. Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que las medidas de seguridad no sirvan como excusa para la violencia descontrolada. Así pues, su aplicación se ajuste siempre a los principios de proporcionalidad y justificación.
Aunque la ley busca responder a una necesidad de seguridad ciudadana, su éxito dependerá de un equilibrio cuidadoso entre la defensa legítima y la prevención de abusos. La verdadera solución a la inseguridad radica en políticas integrales que aborden las causas profundas de la criminalidad. Esto más allá de la ampliación del uso de la fuerza en situaciones de defensa.
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