El hurto de dispositivos móviles se ha convertido en uno de los delitos más comunes en el Perú, y en los últimos tiempos, su incidencia ha experimentado un alarmante aumento.
Ante este contexto, el Poder Ejecutivo aprobó recientemente un decreto legislativo con el propósito de fortalecer la prevención y el combate al comercio ilegal de dispositivos móviles en el país. Esta medida se enmarca en las facultades legislativas otorgadas por el Congreso en materia de seguridad ciudadana.
El decreto modifica el Código Penal y establece que el hurto de teléfonos móviles conlleva una pena de prisión de 12 a 20 años. Es importante señalar que, previamente, el Código Penal no contemplaba una pena específica para el «robo de celulares». Este delito se englobaba en las categorías de «robo», «robo agravado» o «hurto».
Además, en situaciones donde el ladrón emplee explosivos o vehículos motorizados para perpetrar el robo del teléfono celular, la pena se eleva a 20 a 30 años de privación de libertad.
Estas medidas buscan abordar un problema que afecta significativamente la seguridad ciudadana en el país. Se espera que tengan un impacto en la disminución de estos delitos. Sin embargo, algunas voces críticas argumentan que estas sanciones más severas podrían no ser suficientes para prevenir eficazmente este tipo de delito. Además, señalan que se requieren enfoques adicionales para abordar las causas subyacentes del aumento de los robos de celulares en el Perú.
Reforma Penal: Cambios Clave
Las medidas penales adoptadas con el reciente Decreto Legislativo han traído consigo una serie de cambios sustanciales en el Código Penal de nuestro país. Estos cambios, se traducen en una ampliación del delito de Robo Agravado, que ahora abarca modalidades que incluyen el robo de dispositivos móviles, como celulares y equipos informáticos, con una pena máxima de 20 años de reclusión.
Adicionalmente, se ha establecido una modalidad agravada específica que puede resultar en penas de hasta 30 años de prisión cuando el robo involucre el uso de explosivos o vehículos motorizados. Aunque estas medidas han sido implementadas con la intención de fortalecer la lucha contra el comercio ilegal de dispositivos móviles, se crítica que el enfoque exclusivo en el aumento de las penas no aborda las causas subyacentes del delito y no fomenta la prevención, la inversión en educación, el empleo y la creación de oportunidades para alejar a la sociedad de actividades delictivas.
Los dos últimos cambios en el Código Penal se refieren a la penalización de la posesión ilegítima de SIM cards activados y la comercialización de dispositivos con IMEI alterado, reemplazado o duplicado. Estos cambios buscan cerrar los vacíos legales que permitían la impunidad en casos de robo agravado, y se dirigen a combatir de manera más efectiva la inseguridad ciudadana.
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Un enfoque más allá de las penas
La reciente normativa aprobada por el Gobierno que incrementa las penas por el robo de celulares ha generado opiniones diversas. El alcalde de Surco, Carlos Bruce, ha expresado críticas hacia esta medida, argumentando que el enfoque debería estar en la revisión integral del sistema de justicia para abordar las deficiencias que dificultan la efectiva sanción de los delincuentes.
El simple aumento de penas no ha demostrado reducir la incidencia de estos delitos. La presencia insuficiente de serenos y policías en las calles limita la probabilidad de atrapar a los ladrones. Se debe priorizar la capacidad de la policía para recopilar pruebas sólidas, lo que permitiría al Ministerio Público no liberar a los delincuentes y al Poder Judicial dictar sentencias rápidas y contundentes. Si la probabilidad de ser atrapado es baja y la de ser liberado es alta, las penas severas no surten efecto disuasivo. Es asi que la norma apunta en la dirección correcta, aunque no aborda el núcleo del problema.
Aunque el propósito de la norma es intimidar a los delincuentes para disuadirlos de cometer estos actos delictivos, estos resultados no depende únicamente de la severidad de las sanciones, sino también de la certeza de su aplicación.
Es asií que ya existen penas considerables para ciertas formas de robo (aunque no específicamente para el robo de celulares), y esto no ha generado una disminución significativa de dichos delitos. Aumentar las penas, en su opinión, no es la solución completa para disuadir a las personas de cometer delitos.
Un llamado a la acción
En los últimos años, el Perú se ha enfrentado a una serie de desafíos en materia de delincuencia y seguridad que han suscitado la atención y preocupación de toda la sociedad. La lucha constante contra la criminalidad ha sido un tema central en la agenda pública y política del país. A pesar de la implementación de diversas estrategias y políticas para enfrentar este problema, es esencial reflexionar sobre las causas subyacentes del delito y considerar enfoques integrales para construir una sociedad más segura y justa.
La delincuencia en el Perú es un fenómeno complejo y multifacético que abarca desde delitos menores hasta crímenes graves, como el narcotráfico, la extorsión y la violencia armada. Estos problemas se entrelazan con una serie de factores interconectados, que van desde la desigualdad económica y social hasta la falta de oportunidades educativas y laborales.
Como resultado, se crea un ciclo de pobreza y desesperación que empuja a las personas hacia la criminalidad como única alternativa para sobrevivir. En este contexto, es crucial que tanto el gobierno como la sociedad en su conjunto trabajen para mejorar las condiciones de educación y empleo, abriendo un camino claro para que los ciudadanos puedan alcanzar sus metas legítimas.
Erradicar la delincuencia no es una tarea que se logre de la noche a la mañana, pero con una combinación de medidas preventivas, reformas institucionales y un enfoque en la igualdad de oportunidades, es posible construir un futuro más seguro y prometedor para todos los peruanos.
