El miércoles, el Congreso decidió posponer el debate sobre el informe en mayoría de la Comisión de Justicia. El diálogo buscaba destituir a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presunta causa grave. La lista incluía a Imelda Tumialán —presidenta de la JNJ—, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.
En el inicio de la sesión, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que la citación a los miembros de la JNJ será reprogramada. Asimismo, expresó de forma enfática que la Procuraduría del Congreso apelará la medida cautelar del Poder Judicial que suspende el proceso parlamentario.
La noche anterior, se dio a conocer la resolución judicial que otorgó parcialmente una medida cautelar en favor de la JNJ. En ella se ordena la suspensión temporal de todos los efectos de la imputación de cargos formulada por la Comisión de Justicia.
A pesar de la inicial determinación de la Junta de Portavoces de desafiar la orden de suspensión provisional del proceso contra los magistrados de la JNJ, emitida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima el martes pasado, parece que la prudencia y la evaluación de las implicaciones políticas y legales llevaron a un cambio de rumbo en las bancadas parlamentarias.
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Reacciones desde el Congreso
Según diversas fuentes dentro del Congreso, tras un análisis más profundo, las bancadas optaron por dar marcha atrás en su posición de desacato. Carlos Zeballos de Podemos Perú señaló que, después de la reunión de voceros del martes, se realizó un análisis más detenido por parte de las bancadas. En él, se reflejaban diversos intereses entre sus miembros.
Diego Bazán de Avanza País agregó que la ciudadanía está atenta a las decisiones del Congreso, indicando la necesidad de tomar decisiones mesuradas. «Existe incomodidad en que el Poder Judicial intervenga en decisiones que son absolutas del Congreso; sin embargo, todo se tiene que hacer por el conducto regular».
La congresista Gladys Echaiz hizo hincapié en sus declaraciones sobre la posición del Pleno, enfatizando que «es una situación en la que no se han pronunciado sobre el fondo. Se debería analizar la ponderación de los intereses que están en juego, tanto los públicos como los de la institución».
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La congresista de Avanza País, Adriana Tudela, expresó su vergüenza ante la falta de reconocimiento a la autoridad del Tribunal Constitucional (TC) y sus fallos. Calificó como «vergonzoso» el intento de suspender la aplicación de la Constitución mediante una resolución prevaricadora. Criticó la aparente defensa de la institucionalidad por parte de algunos, señalando que, en realidad, desprecian profundamente esos principios mientras pretenden mostrar lo contrario.
La nueva resolución implica que el Parlamento esperará la apelación antes de citar a los magistrados y proceder con el debate del informe. Este informe, considerado polémico, destaca tres hechos calificados como «causa grave», que incluyen la supuesta injerencia de la JNJ en la independencia de poderes, la permanencia de la magistrada Inés Tello a pesar de superar los 75 años de edad, y la falta de presentación oportuna de un informe anual al Parlamento.
Este episodio refleja la complejidad y las implicaciones sensibles de las decisiones parlamentarias. En estas, la prudencia y la evaluación de consecuencias tiene que ser cautelosa y aprender a jugar sus cartas.
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Acción legal inmediata
Mientras tanto, la Fiscalía ha dado inicio a una investigación preliminar dirigida a los tres miembros de la Tercera Sala Constitucional: los jueces superiores Néstor Paredes Flores, José Velarde Acosta e Iván Cabrera Giurisich.
Se les imputan presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, en respuesta rápida a la denuncia penal presentada por la congresista Patricia Chirinos de Avanza País. La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos asume la responsabilidad de llevar adelante este caso.
Respuesta del JNJ
El abogado de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Samuel Abad, confirmó que ninguno de los siete integrantes de esta institución se presentará ante el Pleno del Congreso para defenderse durante el debate del informe que propone su destitución.
Abad explicó a RPP que esta decisión se toma en cumplimiento de la resolución de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta ha suspendido de manera provisional el proceso contra los miembros de la junta.
En sus declaraciones, Abad enfatizó que la JNJ acatará la orden judicial, ya que, al revisar la resolución, se reconoce la suspensión del proceso parlamentario. Aseguró que este acatamiento se basa en el respeto al mandato judicial y la necesidad de cumplir con la medida cautelar.
El abogado recordó casos anteriores en los que la JNJ ha respetado medidas cautelares, como la que benefició a Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Además, resaltó que la resolución judicial a favor de la junta hace referencia al fallo del Tribunal Constitucional. En ella se destaca la importancia del control jurisdiccional en caso de afectación a derechos fundamentales.
La complejidad de este caso subraya la importancia de mantener un sistema legal transparente y equitativo en el que se debe buscar el respeto de los principios constitucionales y un equilibrio adecuado entre los distintos poderes del Estado. El respeto a las decisiones judiciales es fundamental para mantener la integridad y la confianza en las instituciones democráticas, siendo esto no solo para el Congreso sino también para una Junta Nacional de Justicia que, parece, prefiere aferrarse al cargo antes que dar alegatos en el Pleno.
