A principios de 2006, en círculos apristas, se rumoreaba que durante los primeros meses del mandato del presidente Alan García, cuando Jorge Barata aún era el Gerente de Odebrecht en Perú y no estaba involucrado en escándalos, García le preguntó en privado si había sobornado a Alejandro Toledo. Barata respondió de manera enfática que nunca había sobornado a nadie, jurando por lo más sagrado.
Después de ese momento, se ha conocido el alcance de la corrupción de Odebrecht en el Perú y el daño institucional que ha causado debido a los sobornos a varios presidentes.
En septiembre pasado, el Poder Judicial lo citó para declarar sobre los aportes de Odebrecht a la campaña electoral del Partido Nacionalista en 2011. Sin embargo, Barata argumentó dificultades jurídicas y recordó que todas sus declaraciones se realizan desde Brasil, donde regresó en 2016.
El coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, el fiscal Rafael Vela, afirmó que Barata tenía la obligación de presentarse y mencionó que el acuerdo de colaboración incluye procedimientos de revocatoria en caso de incumplimiento de los términos del acuerdo.
¿Qué dice la Fiscalía?
Sin embargo, un informante de la Fiscalía informó que se está considerando la revocación de los beneficios otorgados a Barata debido a un «posible incumplimiento» del acuerdo de colaboración efectiva. Barata tiene la obligación de presentarse ante las autoridades peruanas cada vez que lo convoquen, tal como lo establece claramente el acuerdo. Además, expresó que Barata parece no estar mostrando voluntad para cumplir con el acuerdo y sugirió que en la audiencia del martes 10, es probable que se aplique una advertencia legal para prescindir de su declaración, especialmente porque el juicio contra Humala está en su etapa final.
Asimismo, tiene varias investigaciones pendientes archivadas gracias al acuerdo de colaboración. No obstante, si se revoca este acuerdo, la Fiscalía probablemente considere incluirlo en diversas investigaciones, lo que podría conllevar la solicitud de diversas medidas coercitivas, desde comparecencias simples hasta prisión preventiva. En relación al caso de los aportes de Odebrecht, la Fiscalía está solicitando 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia.
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Excluyen a Jorge Barata como testigo
La magistrada Nayko Coronado explicó que esta última convocatoria era la quinta de su tipo, después de varios intentos fallidos desde el año 2022 para lograr que Barata se presente en el juicio por acusaciones de lavado de activos y otros delitos relacionados con Humala, Heredia y otros.
Para justificar su última ausencia, Barata presentó un documento firmado por él y su nuevo abogado, César Nakazaki, alegando que debía ser citado en su residencia en Brasil a través del proceso de cooperación internacional con dicho país.
La jueza señaló que Barata hizo esta solicitud a pesar de que es de dominio público que la Corte Suprema de Brasil ha determinado que la cooperación internacional con Perú en este caso no es procedente.
Lo que la sala rechazó fueron otros dos requerimientos del fiscal Germán Juárez y la Procuraduría de Lavado de Activos: enviar una comunicación al área encargada del proceso de colaboración eficaz y al Colegio de Abogados del Perú para establecer precedentes y cuestionar la participación de César Nakazaki como abogado de Jorge Barata, a pesar de que previamente representó legalmente a la expareja presidencial.
La jueza expresó su sorpresa por el hecho de que un abogado que había participado previamente en una declaración del testigo Jorge Barata presentara un escrito ante el tribunal. Considera que es una situación que deberá ser aclarada por el Dr. César Nakazaki en el contexto adecuado, y recordó que este abogado tuvo una participación previa sólidamente fundamentada en el proceso.
Tras esta determinación, el Poder Judicial anunció que continuará el juicio contra Humala, Heredia y otros el 11 de octubre con el examen de peritos en grafotecnia y el martes 17 de octubre con otros peritos especializados en finanzas.
Opinión del acuerdo del PJ a Odebrecht
Los defensores del acuerdo tenían razón al argumentar que implicaba nuevas responsabilidades y reparaciones. Sin embargo, los críticos también estaban en lo cierto al señalar que debió considerar el gasoducto como una prioridad. Resulta sorprendente que Odebrecht no reconozca el delito de soborno, a pesar de que está claro que lo cometieron. Su exclusión del acuerdo está fuera de las facultades del Ministerio Público. Estas omisiones requieren una explicación pública.
Los fiscales se enfrentan a problemas sensibles. Uno de ellos es la credibilidad, dado que promovieron la idea de que el acuerdo brindaba acceso total al conocimiento de la corrupción. Otro desafío proviene de la rigidez de la ley en cuanto a las reparaciones civiles, que se calculan según el valor de la obra y no de la colaboración. Odebrecht y las empresas del Club de la Construcción intentarán ocultar la mayoría de los delitos, ya que revelar todo llevaría a muchas de ellas a la quiebra. Nadie en el gobierno ha admitido abiertamente la falta de incentivos. Los fiscales, respaldados por la adulación y una alta popularidad, deberían haber explicado sus limitaciones en lugar de prometer resultados ideales, mientras que sus críticos, en su mayoría, eran tachados injustamente de corruptos.
