La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe final que propone acusar e inhabilitar por 10 años a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La audiencia registró 14 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, por lo que se dio por aprobado el informe final.
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El informe final
Este grupo de trabajo, que tiene como presidenta a la congresista Lady Camones, atendió, en su segunda sesión extraordinaria, la votación al informe presentado por el demandante Jorge Montoya Manrique, parlamentario de Renovación Popular.
Imelda Julia Tumialan Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Rios, Henry José Avila Herrera, Antonio Humberto de la Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Thornberry Villarán reciben la acusación por los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo específico y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Mientras que, la restante, Luz Inés Tello de Ñecco habría incurrido en la presunta infracción constitucional del artículo 156, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, la cual regula los requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia.
Asimismo, el informe recomienda remitir al Ministerio Público la posible comisión de ilícitos penales que involucrarían a Juan Carlos Cortes Carcelén, actual Secretario General de la JNJ, en relación con los integrantes acusados; en específico, con el señor Aldo Alejandro Vásquez Ríos, quien fuera presidente de la JNJ al momento de su designación para el cargo de secretario.
Además, el documento señala que Carcelén habría laborado como consultor para la Comisión Especial, lo cual implicaría su participación en la evaluación y desarrollo de los exámenes para postulantes que implicaría los delitos de conflicto de interés, colusión y tráfico de influencias entre otros tipos penales.
Sin embargo, al final de término de esta nota, se sabe que las defensas legales de los miembros de la Junta Nacional de Justicia solicitaron la reconsideración al voto por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
