Ante los constantes cuestionamientos legales contra la JNJ, la CIDH señaló que el control político desmedido de quienes operan la regularización de la justicia, contraviene la autonomía constitucional e independencia de su institucionalidad.
En esa línea, el organismo se pronunció mediante redes sociales para advertir que la moción que el Congreso de la República planeaba debatir esta semana para remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), atenta contra la independencia e imparcialidad del sistema judicial.
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Postura de la CIDH
La CIDH remarcó que ante el control político de un organismo autónomo constitucional —como la JNJ— se requiere la existencia de principios rectores de legalidad y debido proceso, sobre todo cuando existe de por medio cuestionamientos a los operadores de justicia.
El pronunciamiento de la CIDH responde a la moción que los congresistas Jorge Montoya y Alejandro Muñante presentaron ante el Poder Legislativo. El objetivo de ambos parlamentarios —de la misma agrupación política, Renovación Popular— es la remoción inmediata de los integrantes de la JNJ por haber suspendido de manera provisional a Patricia Benavides como fiscal de la nación.
Frente a esta polarización en su intervencionismo, se busca tergiversar el funcionamiento como tal de la CIDH al recalcar a los países miembros el respeto por el orden constitucional y control político de cada Estado.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que la esta institución se pronuncia en defensa de la JNJ, o se muestra en contra de las mociones parlamentarias que buscan su remoción. En los meses de setiembre y octubre, la comisión interamericana expresó su preocupación por la moción a pedido de Patricia Chirinos (Avanza País) para destituir a la junta y así impedir la inhabilitación de Zoraida Ávalos.
Sobre la remoción
El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió un comunicado en el cual rechaza la moción presentada en el Congreso de la República que tiene como objeto destituir a todos sus miembros, luego de que suspendieran temporalmente a Patricia Benavides de su cargo de fiscal de la nación.
Según mencionaron, remover a sus integrantes «supondría un quiebre del orden democrático en el Perú y un atentado contra la legitimidad constitucional del propio Poder Legislativo, con imprevisibles consecuencias para la República».
En ese sentido, uno de los argumentos centrales que sustentan la remoción de los miembros de la JNJ es «la flagrante comisión de actos contrarios a la ley, consistentes en haber suspendido temporalmente» a Benavides «en sus funciones de fiscal de la Nación y presidente de la Junta de Fiscales Supremo».
«Se perdería legitimidad política si insiste en removerlos, ya que la propuesta de Renovación Popular no tiene ningún argumento para destituir al pleno de la Junta Nacional de Justicia».
Vicepresidente de la JNJ
Un Estado constitucional democrático sólido, al que aspira nuestro país, no puede deslegitimar la institucionalidad parlamentaria por pedidos que desdeñan el sistema de justicia y el orden constitucional que lo regula, sobre todo cuando el voto popular es la base fundamental para cada una de las decisiones que toman como órgano representativo.
