Perú ha sido escenario de múltiples incendios forestales que arrasan con miles de hectáreas de áreas naturales protegidas. Especialmente en las regiones de Amazonas, Cusco y Junín. La devastación ha afectado no solo la biodiversidad del país, sino también la vida de cientos de familias campesinas dependientes agrícolas. Sin embargo, lo que más ha alarmado a la opinión pública y a los ambientalistas es la aparente falta de respuesta efectiva por parte del gobierno de Dina Boluarte.
De acuerdo con datos proporcionados por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, los incendios han afectado más de 15,000 hectáreas solo en el mes de agosto. Por lo que, la situación sigue empeorando debido a la escasa prevención y la falta de recursos para sofocar las llamas. Las autoridades señalan que la quema agrícola no controlada y el cambio climático, que ha incrementado las temperaturas y disminuido la humedad en diversas regiones del país. A pesar de la gravedad de la situación, muchos consideran insuficiente la respuesta del gobierno.
Diversos sectores de la sociedad, desde organizaciones ambientalistas hasta líderes comunitarios, han cuestionado la inacción del gobierno de Boluarte. A pesar de que la presidenta ha realizado algunas declaraciones públicas sobre el tema, las medidas implementadas hasta ahora parecen ser paliativas. Con pocos avances en la asignación de presupuestos adecuados para combatir los incendios y la falta de un plan integral de manejo de emergencias ambientales. Los equipos locales de bomberos y brigadas de emergencia han tenido que enfrentar esta crisis con recursos mínimos, sin el apoyo necesario del Estado.
“La respuesta del Gobierno ha sido lenta y desorganizada. No se está tomando en cuenta la gravedad del impacto ambiental y social que estos incendios están teniendo sobre el país”, declaró Patricia Salas, directora de la ONG ambientalista Amazonía Viva. “Es preocupante que, a pesar de los repetidos llamados de atención, las autoridades no estén priorizando este tema como lo amerita la situación”.
Además, las críticas apuntan a la ausencia de políticas preventivas que eviten este tipo de desastres. Expertos en gestión ambiental señalan que la falta de un marco claro para la prevención de incendios forestales ha agravado la situación. Diversos sectores han señalado que el desfinanciamiento de programas orientados a la conservación y protección de áreas naturales, como el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), es una de las causas de la vulnerabilidad ante estos siniestros.
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Por su parte, comunidades indígenas, que suelen ser las primeras afectadas, han denunciado la ausencia de un diálogo real con Gobierno. A pesar de los esfuerzos locales por controlar las llamas, la falta de apoyo técnico y financiero ha impedido una respuesta más efectiva. Las pérdidas en cultivos y tierras agrícolas son devastadoras, exacerbando la crisis económica y social que estas comunidades ya enfrentaban.
Mientras los incendios continúan extendiéndose, la presión sobre el gobierno de Dina Boluarte aumenta. Los especialistas coinciden en que, sin una intervención decidida y oportuna, los daños serán irreparables, tanto para el medio ambiente como para las comunidades afectadas. Frente a esta emergencia, la acción oportuna se convierte en una demanda urgente para preservar la rica biodiversidad del país y proteger a sus habitantes.
