Nuevas revelaciones. José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (DINI), denunció a los sobrinos de Pedro Castillo por presuntos pedidos de soborno. A un día del debate y votación de la tercera moción por incapacidad moral permanente, Fernández acusó a Rubdel Oblitas Paredes, sobrino del cuestionado jefe de Estado, por exigirle 100 mil soles para evitar la emisión de un reportaje televisivo.
Pero no sería la única petición de Oblitas. También habría solicitado medio millón de dólares para contratar a un asesor ruso con conocimiento en inteligencia. Incluso habría reclamado la destitución de Emilio Bobbio, entonces jefe del gabinete de asesores de Fernández.
Además, comentó que el mandatario sabía de los actos ilícitos que habrían cometido sus sobrinos Jaime y Fray Vásquez. Este último sigue prófugo de la justicia. Recordemos que el Ministerio Público sindicó a Fray como uno de los integrantes de la organización criminal que lideraría Castillo tras las irregularidades del caso Puente Tarata. Por su parte, Jaime habría cobrado parte de los sueldos de los funcionarios que colocaría en puestos estratégicos.
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Fugas
José Fernández confesó que Castillo habría ordenado el encubrimiento de las fugas de Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, y Fray Vásquez. Asimismo, explicó que el plan inicial del jefe de Estado era sacarlos del país con la finalidad de impedir los arrestos.
«Se quiso involucrar a la DINI con la sustracción de la justicia de los prófugos. Estamos hablando del sobrino Fray Vásquez y el exministro Juan Silva. ¿Quién dio la directiva para ese encubrimiento? El presidente de la República, ¿quién más saldría perjudicado?», señaló.
Especialista recomienda una comisión
Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, recomendó la creación de una comisión investigadora del Congreso para una fiscalización profunda de las revelaciones de José Fernández. «La denuncia revela una vez más la muy fuerte desinstitucionalización y empleo nocivo de la estructura de la inteligencia por parte de este Gobierno de Perú Libre», opinó en una entrevista radial.
Asimismo, comentó que la gestión de Castillo ha perdido la brújula en el manejo del órgano rector de inteligencia. El mencionado especialista consideró que se está perforando la «mínima reserva de información que hay en el trabajo en la documentación y en las informaciones que salen sobre la DINI».
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Fernández sería integrante de la organización criminal
José Fernández también estaría involucrado en la presunta organización criminal que lideraría Castillo desde el Ejecutivo. Según la tesis del Ministerio Público, habría dirigido indebidamente una licitación de 74 millones de dólares en beneficio de Heaven Petroleum Operators. Dicha compañía pertenece a Samir Abudayeh.
Por tal motivo, el último 25 de noviembre detuvieron preliminarmente a Fernández. Sin embargo, el 2 de diciembre, y a pesar de que se le había imputado además el encubrimiento de la acción del jefe de Estado para beneficiar a Abudayeh y entorpecer la acción de la justicia, la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó su inmediata liberación.
No fue el único que salió. Abudayeh, Hugo Chávez —ex gerente general de Petroperú— y Henry Shimabukuro —exasesor de inteligencia— también quedaron en libertad. Todos ellos, salvo Chávez, fueron arrestados el mismo día que Fernández.
