Una vez más se ve envuelto en medio de casos de corrupción el gobierno de Dina Boluarte. Los problemas de gestiones irregulares no parecen tener fin. Parece haber un nuevo caso por el que tendrá que responder la mandataria en las próximas semanas, acompañada del ministro del Interior, Walter Ortiz, quien también estaría involucrado. Las investigaciones ya estarían en curso.
Medida cuestionada
El gobierno de Dina Boluarte ha tomado la decisión de desarticular al Equipo especial de la Polícia Nacional del Perú, el cual colaboraba con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción de Poder (Eficcop). Todo esto, posterior a la detención de su hermano por este cuerpo policial.
El documento firmado por el ministro del Interior, Walter Ortiz, menciona que deben identificarse para evitar la duplicación de las funciones de las unidades del Mininter. Un documento sumamente controversial por los casos que este equipo policial estaba investigando y rastreando.
El Ministerio del Interior aseveró que la resolución que oficializó la creación de este equipo especial policial no contó previamente con un dictamen del área de asesoría jurídica de la PNP, ni tampoco un informe técnico de la División de Modernización y Desarrollo Institucional.
La División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) sería el ente que mantendría similares funciones con el equipo policial de Eficcop. En el mismo escrito, se otorga a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú la responsabilidad de realizar las acciones necesarias para seguir cooperando con Eficcop.
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¿Represalias políticas?
El día de hoy a primeras horas fueron detenidos Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, y Mateo Castañeda, abogado de la mandataria, por los supuestos casos de tráfico de influencias y organización criminal. El juzgado autorizó el allanamiento de varios inmuebles dada las mismas investigaciones.
El Poder Judicial comunicó que los investigados estaban siendo imputados por «los cargos de organización criminal y tráfico de influencias, esto por la presunta designación de subprefectos para financiar una red criminal (sic) y lograr recolección de firmas para la inscripción de un partido político «vinculado a la presidente.»
Este caso estaba bajo la investigación de Eficcop y el equipo especial, quienes además estaban realizando seguimiento a otros personajes de las altas esféras políticas. Según el fiscal Barreto, desde abril, este grupo especial venía sufriendo represalias de los poderes corruptos.
Las sospechas no tardaron de llegar
Mediante un comunicado, la Fiscalía de la Nación señaló que la desarticulación del equipo especial por parte del gobierno podría estar relacionado con la detención preliminar de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda. Asimismo, se advierte que se están realizando investigaciones que apuntan a posibles actos delictivos por parte de funcionarios de alto rango.
La relación entre los eventos se debe a la cercanía de las fechas. El allanamiento y detención de los allegados de la presidente fue el 10 de mayo. Antes de ello, la misma mandataria habría llamado directamente a Franco Moreno, jefe de la Diviac, para obtener algunos detalles sobre la solicitud de prisión preliminar contra su hermano, realizada el 7 de mayo, aunque esta no fue concedida.
Días posteriores, el Poder Judicial admitió la solicitud de prisión preventiva y el Ministerio del Interior ordenó la desarticulación del Equipo Especial, lo cual habría buscado evitar la detención del hermano y abogado de la presidente.
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