El sistema de salud nacional se encuentra en crisis desde hace décadas. Actualmente, el problema se ha visto acentuado debido a la pandemia del COVID-19. En este sentido, y en el marco del proceso de inmunización contra el coronavirus, el Poder Judicial declaró «fundada en parte» la acción de amparo interpuesta por Álvaro Paz de la Barra, alcalde de la Molina, para permitir la compra e importación de vacunas por parte del sector privado.
El caso
El pasado 3 de marzo, el alcalde de la Molina interpuso una acción de amparo, la misma que fue admitida a trámite el 9 de marzo. En aquel momento, el funcionario argumentaba una «lentitud del proceso de vacunación contra el COVID-19».
«En síntesis la demanda se sustenta en que se encuentra en riesgo el derecho a la vida y a la salud de muchos peruanos, debido a la lentitud del proceso de vacunación contra el COVID-19, solicitando la participación de las empresas privadas, gobiernos regionales y locales en la adquisición de vacunas para combatir dicha pandemia», se visualiza en la resolución.
Resolución
Asimismo, El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de La Molina y Cieneguilla estableció autorizar a las empresas privadas a que puedan importar estas vacunas «para la distribución gratuita a su personal y familiares directos. De tal manera que se pueda realizar la inoculación respectiva respetando los protocolos de higiene y seguridad que establece el Ministerio de Salud».
Consideraciones
El Poder Judicial exhortó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a reglamentar, en un plazo razonable, de «manera clara y precisa» el procedimiento que las empresas del sector privado deben seguir para la importación de dichas vacunas.
También, instó al Poder Ejecutivo a trabajar de manera conjunta con los gobiernos locales y regionales en el proceso de inmunización a la población, a fin de procurar que durante este año se culmine con las personas de 59 a 18 años de edad.
