El debate sobre si Perú adoptará el «Plan Bukele» parece haber llegado a su fin. Así lo hizo saber el ministro Eduardo Aranda cuando acudió a la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal dando detalles de su experiencia en tierras salvadoreñas.
Declaraciones del ministro de Justicia
Eduardo Aranda, ministro de Justicia y Derechos Humanos, negó rotundamente que el Perú vaya a aplicar el mismo modelo contra la delincuencia que está realizando el país centroamericano de El Salvador. El titular de la cartera se había reunido hace más de un mes con autoridades del país liderado por Nayib Bukele para discutir sobre cuestiones de seguridad penales.
«De ninguna manera, nosotros no vamos a copiar el modelo en estricto sentido. La política de Bukele no es una política penitenciaria, es una política de seguridad que implica normas, cambio de mentalidad, cambio de la Policía, un nuevo rol de la Fiscalía, un nuevo papel del Poder Judicial. Si no tenemos el compromiso de todos los actores del sistema de justicia, no podemos hablar de una política completa», manifestó.
En este sentido, matizó que el «Plan Bukele» no será aplicado en Perú y, asimismo, que este con lleva una serie de cuestiones más allá de lo visible en las cárceles salvadoreñas.
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Infraestructura penitenciaria
Actualmente el Perú cuenta con una sobrepoblación en sus cárceles, lo cual produce hacinamientos en estos centro de reclusión. Según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), las cárceles peruanas han llegado a un exceso del 130% de su capacidad establecida. Debido a ello, en febrero de este año, se confirmó el anuncio del ministro Eduardo Aranda que el gobierno construirá 6 nuevos establecimientos penitenciarios con el fin de aumentar la capacidad de reos en el país.
Entre las opciones que se barajan también aparece la posibilidad de reaperturar El Frontón; no obstante, aun no se tiene conocimiento de si se realizará, ya que se mencionó que estaba en un proceso de «evaluación». «Todo está en evaluación, todo es posible en el terreno de la especulación, pero hasta que no se establezca un expediente técnico (…) no podemos decir con certeza cuánto representa esto».
Problemas de seguridad
Los problemas de seguridad en el Perú se ha exacerbado potencialmente alrededor del país. Esto generó que en más de una región y/o distrito se haya aplicado declarar en Estado de Emergencia para solucionar los problemas relacionados con la inseguridad ciudadana.
Hace unos días se produjo un atentado en la región de La Libertad, distrito de Pataz, donde dos torres de alta tensión fueron destruidas presuntamente por mineros ilegales que operan por la zona. Este crimen derivó a la muerte de una persona y dos heridos.
Los últimos sucesos generaron que se realice una prórroga del Estado de Emergencia de Pataz y de Trujillo, mediante dos Decretos Supremos, donde la Policía Nacional del Perú se encargará del control interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. En el caso de la provincia de Pataz, se encuentran suspendidos desde la medianoche hasta las 04:00 a.m. los eventos sociales y los espectáculos. En cambio, en Trujillo se mantiene permitido los eventos sociales y similares.
