El Congreso aprobó con 78 votos a favor la ley 3464 que tiene como fin promover el correcto uso del lenguaje inclusivo en los textos escolares. Esta medida proviene principalmente del apoyo de las bancadas más conservadoras. En los últimos años se han llevado a cabo una serie de proyectos similares. Con ellas se busca principalmente marcar una ruta a seguir para el estado. Así, se desmantelan los cambios que ya habían sido efectuados a nivel educativo principalmente, pero también a nivel general en nuestro país.
¿Qué se busca con esta ley?
Esta ley pretende reformar el texto del artículo 4 de la ley 28983, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Así, señala que se debe promover el correcto uso del lenguaje inclusivo en todas las áreas y niveles del gobierno. Sin embargo, aclara que este no implica el desdoblamiento del lenguaje para referirse a femenino y masculino. Esto en respuesta frente a la actual tendencia a utilizar este tipo de desdoblamientos en el lenguaje.
También se señala por otro lado en sus disposiciones finales que esta modificación no vulneraría la igualdad entre hombres y mujeres. Por el contrario, el Estado no hace discriminación alguna por razón de género con ella. Además, es bastante relevante la que señala la importancia de trasladar al material educativo estas disposiciones. Esta última ha sido fuente de la principal controversia entre los sectores más conservadores y aquellos defensores de medidas más progresistas.
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¿Solamente existe un interés por la gramática?
El cambio efectuado en el texto legal es una corta modificación de un artículo. El desdoblamiento del lenguaje en textos escolares es bastante redundante y, por lo tanto, es innecesario. Esto según el correcto uso del lenguaje que marca como genérico al masculino cuando se deba englobar a ambos géneros. Sin embargo, las razones por las que actualmente existe un enfoque del legislativo por realizar cambios en esa materia va más allá que simple gramática.
A nivel legislativo se han materializado en esta gestión ya una serie de proyectos que marca una determinada línea política. Así por ejemplo, desde los últimos dos años en los que ha estado presente esta gestión, se han puesto en la mira por el parlamento principalmente aquellos temas vinculados a los avances en materia de enfoque de género, derechos de minorías LGBT así como derechos sexuales y reproductivos. Más allá de la posición política o la opinión que se pueda formular al respecto, lo cierto es que es un hecho de que existe esta tendencia actualmente a nivel legislativo en el país.
Dentro de los congresistas que promovieron la aprobación de la presente ley se encuentra Milagros Jáuregui. Ella activamente ha manifestado su posición respecto a estos temas y su relevancia a nivel político y social. Además ha tenido participación activa en otras leyes similares, como fue la ley 904 que buscaba promover una revisión de los textos escolares por parte de padres de familia manifestando firmemente su rechazo al contenido educativo respecto a temas de índole sexual. Por otro lado, han sido de su autoría otros proyectos como el de la ley que reconoce derechos al concebido, así como comentarios en claro desacuerdo con que se le practique el aborto terapéutico a Mila, menor víctima de violación sexual.
¿Esta tendencia es solamente peruana?
En occidente, existe en los últimos años una «batalla» por intentar frenar los avances de las posiciones políticas denominadas progresistas. Así, existe una creciente polarización entre algunos países como México, por ejemplo, los cuales han tomado medidas como los avances en la universalización del aborto o del matrimonio entre personas del mismo sexo. Mientras que por otro lado, países como Italia, con Georgia Meloni a la cabeza, donde la derecha conservadora se encuentra en la cabeza gubernamental, abiertamente se ha manifestado en contra del reconocimiento de matrimonio entre personas del mismo sexo o su capacidad para adoptar.
Mundialmente se ve así un intento de freno de las políticas de sectores más progresistas y liberales. Así, se observa una polarización política cada vez más presente, generando fuerte controversia respecto a algunos temas que en los últimos años iban ganando terreno. De este modo, algunas organizaciones religiosas como el Opus Dei o las iglesias evangélicas en nuestro país, así como partidos políticos o movimientos sociales que los integran han venido participando activamente en la elaboración y promoción de estas medidas. Entre ellas, la modificación legal del uso correcto del lenguaje inclusivo.
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Entonces, ¿esta aclaración legal era necesaria realmente?
El lenguaje evoluciona socialmente y su utilización varía más allá de una disposición normativa. Los textos a nivel académico o estatal pueden utilizar algún tipo de lenguaje sea o no empleando el desdoblamiento de género masculino y femenino. Lo cierto es que una aclaración normativa como esta no prohíbe su utilización y dependerá mucho de cada persona si es que se comunica de determinada forma. Entonces, no es verdaderamente relevante esta medida ya que un cambio en el uso del lenguaje se da en un contexto social más allá de que este sea o no promovido.
Más allá del contexto político occidental en el que se está realizando esta norma, lo cierto es que no tiene un uso práctico. La importancia que pueda tener esta ley para determinado sector solamente será de una “victoria” simbólica. Esto debido a que no se podrá impedir con esto realmente el cambio social que actualmente se vive a nivel occidental.
