La controversia entre la Municipalidad de Lima y la concesionaria Rutas de Lima respecto a la permanencia de los peajes que administra esta última ha alcanzado una etapa crítica. Esto tras llegar a instancias judiciales.
Este miércoles, ambas partes presentaron sus argumentos ante la Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC). Se da en el contexto de una demanda de habeas corpus iniciada por el abogado Ramón Pairazaman León, quien cuestiona la existencia del peaje en el distrito de Puente Piedra. La resolución del caso ahora se encuentra pendiente, y la incertidumbre prevalece.
Los magistrados que conforman la Sala Segunda, encabezados por Gustavo Gutiérrez Ticse (Presidente), Francisco Morales Saravia y Helder Domínguez Haro, no solo escucharon las presentaciones de los abogados de ambas partes, sino que también realizaron una serie de preguntas con el objetivo de entender mejor la situación.
Un Decenio de Controversia e Incertidumbre
En los últimos diez años, el peaje de Puente Piedra en Lima ha sido el epicentro de un prolongado conflicto que ha involucrado a la Municipalidad de Lima, la concesionaria Rutas de Lima y la ciudadanía. La disputa comenzó en 2013 cuando, bajo la administración de Susana Villarán, se firmó el contrato de concesión de los peajes. Sin embargo, las tensiones se intensificaron en 2016 cuando los primeros puestos de peaje comenzaron a operar. Esto desató quejas de residentes, transportistas y alcaldes.
Las elecciones de 2022 llevaron a Rafael López Aliaga al cargo de alcalde de Lima. Él prometió anular los contratos de concesión de peajes debido a acusaciones de corrupción. Una vez en el cargo, anunció que se renegociarían los contratos. En enero de 2023, el Concejo Metropolitano de Lima decidió rescindir el contrato con Rutas de Lima, citando razones como tarifas elevadas, deficiencias contractuales y problemas en el servicio, entre otros.
La cuenta regresiva comenzó para la resolución del contrato, y el plazo de 180 días venció en julio. Sin embargo, Rutas de Lima recurrió al Tribunal Arbitral de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Este ordenó la suspensión del proceso de caducidad del contrato.
En respuesta, López Aliaga denunció las medidas cautelares del Tribunal Arbitral como ilegales y sugirió pagos irregulares a sus miembros. Mientras tanto, a lo largo de una década, las protestas y enfrentamientos entre los ciudadanos y las fuerzas del orden se hicieron recurrentes, marcando una resistencia constante al peaje de Puente Piedra. Incluso, en un incidente extremo, un grupo de manifestantes prendió fuego a la garita de control.
Cabe destacar que la adjudicación del proyecto está siendo investigada por la fiscalía debido a transferencias de dinero ilegales registradas en la planilla de pagos de Odebrecht. El fiscal argumenta que estas transacciones ilícitas están relacionadas con la adjudicación y la primera adenda al contrato del proyecto.
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La Polémica Entorno a un Magistrado
Días antes de esta audiencia crucial en el caso del peaje de Puente Piedra, la concesionaria Rutas de Lima presentó una solicitud para que el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse sea retirado del caso. Esto porque Gutiérrez Ticse previamente había ejercido como abogado del actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
En medio de esta controversia, Rutas de Lima se muestra confiada en que el Tribunal Constitucional desestimará el habeas corpus presentado por Pairazaman León, argumentando que carece de méritos y base jurídica. Mientras tanto, la Municipalidad de Lima y López Aliaga tienen la esperanza de que el fallo les sea favorable.
A pesar de que la promesa central de la campaña del actual alcalde de Lima fue la anulación de los peajes en Puente Piedra, hasta ahora, casi 10 meses después de asumir el cargo, esta promesa aún no se ha cumplido. Esto agrega una capa adicional de complejidad y controversia a este prolongado conflicto.
El Incremento de la Tarifa de Peaje en Lima
La concesionaria Rutas de Lima, con su accionista mayoritario Brookfield, planteó un aumento de 1 sol a la tarifa de peaje actual de 6.50 soles en Lima. Esto según un comunicado dirigido a las autoridades en el que se justifica el incremento debido a la inflación.
Esta noticia fue anunciada por el alcalde de la capital, Rafael López Aliaga, a través de su cuenta oficial de Twitter. El burgomaestre calificó este «abusivo precio» como perjudicial para la población más vulnerable de Lima Norte y Lima Sur.
Según Rutas de Lima, el nuevo monto de 7.50 soles se aplicaría a los conductores de vehículos particulares, livianos, pesados y públicos que utilicen tanto la Panamericana Norte como la Panamericana Sur. Este ajuste tarifario se ha justificado en base a la inflación sufrida en la ciudad.
López Aliaga ha criticado enérgicamente esta medida. También ha cuestionado la integridad del contrato de concesión que permite a la empresa aumentar los precios de los peajes a su discreción, calificándolo de «corrupto». El alcalde señala que esta decisión afectará negativamente a la población y acusa a la concesionaria de continuar abusando del país.
La carta de Rutas de Lima justifica el aumento en base a una inflación del 8.46% para Lima Metropolitana. Asimismo, hace referencia a cláusulas contractuales para respaldar el reajuste tarifario.
