Desde el inicio de la primera legislatura en junio de 2021 hasta la fecha, se han creado 24 comisiones especiales, lo que ha resultado en un gasto de más de S/10 millones para contratar a 307 trabajadores.
Los salarios de este personal, que trabaja en estos grupos que operan en paralelo a las 24 comisiones ordinarias ya existentes, varían entre S/3,000 y S/12 mil. De estas 24 comisiones ad hoc creadas en casi tres años, 19 aún están activas. De este total, 11 se formaron en 2021 y el resto entre 2022 (3), 2023 (4) y este año (1).
Algunos ejemplos
A través del Diario Perú 21 pudo conocerse que en la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (CESIP – OCDE), que comenzó a funcionar en octubre de 2021, se han contratado, hasta ahora, a 17 personas, entre auxiliares, técnicos y asesores de nivel II, con sueldos que van de S/3,436 a S/5,806 y S/8, 957. Asimismo, dicho comisión cuenta actualmente solo con cuatro trabajadores: un auxiliar, un técnico y dos asesores nivel II, por lo que, hasta el momento viene trabajando dos años y medio.
Otro aspecto de esta situación involucra la reciente formación de la Comisión Especial dedicada a los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM (2023 – 2024). Su propósito es estudiar, vigilar, evaluar, sugerir y fomentar la implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias, entre otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo en beneficio del VRAEM. Esta comisión fue establecida en noviembre de 2023.
Los registros de personal de esta comisión indican que antes de su inicio en 2022, ya había contratado cuatro empleados. Desde entonces, han pasado por allí un total de 11 trabajadores hasta la fecha actual. En este momento, la comisión cuenta solo con cuatro miembros: dos asesores de nivel III, cada uno con un salario generoso de S/10,301, además de un auxiliar con un sueldo de S/3,436 y un técnico con una remuneración de S/5,806.
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Opiniones dispersas
Después de examinar el impacto financiero y operativo de las 24 comisiones especiales establecidas desde junio de 2021, queda claro que estas han representado un desembolso significativo para el erario público, superando los S/10 millones de soles.
No obstante, algunos especialistas en materia constitucional, como Alejandro Rospigliosi y Erick Urbina, aseguran que la conformación de 24 comisiones especiales representan «gastos innecesarios» y «es tirar la plata al agua».
Asimismo, para Urbina, no tiene sentido que una comisión especial, como la de apoyo al VRAEM, dure más de un mes y realice un trabajo de monitoreo, porque esa labor la puede llevar a cabo un grupo de trabajo de la comisión ordinaria del sector.
De igual manera, Rospigliosi coincide en señalar que varías de esas funciones pueden realizarlas la Comisión Agraria en lugar de crear una comisión especial para ello. También, asevera que la mayoría de las 24 comisiones especiales se han creado «para pagar favores políticos» mediante la contratación de personal.
Sin embargo, constitucionalistas como César del Carpio mantienen otra postura, considerando que la representación y fiscalización, que es competencia propia del Congreso, no pueden ser medidas en función al dinero que gasten, sino, «por la objetividad de los resultados obtenidos».
