La ola de inseguridad que viene afectando a la ciudadanía ha llevado a la declaración de estado de emergencia en algunas zonas de nuestro país. Desde el pasado miércoles, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres en Lima, y 7 distritos en la provincia de Sullana en Piura, viven un régimen de excepción por 60 días. En el Perú, el crimen organizado cada vez cobra mayor peso y la Presidenta Dina Boluarte ha tomado medidas de carácter transitorio y extremas al respecto con el fin de frenar su avance.
La creciente inseguridad ciudadana detrás de esta medida
En el Perú se vive una ola de inseguridad ciudadana que se encuentra en aumento y la ciudadanía percibe esta situación. Según cifras de la PNP, en el primer trimestre de este año hubo alrededor de 296 robos diarios. Además, cifras del INEI señalan que la delincuencia se encuentra en aumento en comparación al año pasado, creciendo 0.7% aproximadamente en el primer trimestre del 2023.
El descontento social respecto a la creciente cifra de delitos es notoria y se refleja también en propuestas extremas de algunas autoridades, las cuales bajo el actual estado de derecho no podrían llegar a materializarse. Por ejemplo se encuentran las propuestas más recientes de algunos parlamentarios como Jorge Montoya de retirar al Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basándose en una encuesta por redes sociales en las que un porcentaje de más del 65% apoyaría la iniciativa.
La inseguridad ciudadana ya se encontraba bastante generalizada en estos distritos que actualmente se encuentran en emergencia, así como también en otras partes del país. Sin embargo, existió un detonante para que sea declarada la medida. El pasado viernes 15 de septiembre ocurrió en el distrito limeño de SJL una explosión de una granada en la discoteca Xander’s, dejando 15 personas heridas, 4 de ellas en estado de gravedad. Por este motivo, la Municipalidad Distrital envió un comunicado oficial por parte del alcalde Jesús Maldonado solicitando la declaración de emergencia a todo el distrito.
Dina Boluarte, desde Nueva York en plena Asamblea General de la ONU, decidió referirse así al respecto. Por esta razón, comunicó y oficializó la declaratoria de emergencia tanto en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres en Lima como en los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa en Sullana.
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¿Qué contempla el actual estado de emergencia?
El estado de emergencia se vivió ya desde la pandemia de manera generalizada en todo el territorio. Este contempla una serie de restricciones al normal ejercicio de los derechos referentes a la libertad de la ciudadanía. Es fundamental revisar el contenido de la norma, ya que dependiendo la razón de la emergencia, pueden variarse los derechos restringidos. Se señala en el actual Decreto Supremo que los derechos a las reuniones, inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito y seguridad personal se encuentran restringidos durante el desarrollo de este estado excepcional.
Dina Boluarte ha señalado la importancia del apoyo de las Fuerzas Armadas a la PNP en su labor de protección ciudadana. Para que esta intervención sea legítima, siempre deben seguirse las disposiciones que se han establecido en la norma. Además, el rol debe hacerse siempre respetando las funciones que se le han conferido en el Decreto Legislativo 1095, que regula el uso de la fuerza por parte de las FFAA en nuestro país. De lo contrario, se estarían violando las funciones que le son conferidas y se podría señalar que no se está haciendo uso correcto de sus funciones y se está abusando de las mismas.
Respecto a la ciudadanía, también se verá impactada directamente por esta decisión. Esto debido a que esta medida contempla la prohibición de cualquier tipo de reunión social entre las 00:00 horas y las 04:00 del día. Por lo tanto, de manera obligatoria se deberán cerrar establecimientos comerciales, recreativos o gastronómicos durante las cuatro horas señaladas. Esto durante el tiempo que rija el Estado de Emergencia, es decir, los 60 días por el momento.
¿Qué resultados ha traído esta medida?
El Estado de Emergencia ha tenido resultados positivos hasta la fecha. Según el comandante general de la PNP, Jorge Angulo Tejada, se ha logrado ya desde el primer día de vigencia de este estado avances en la lucha contra la delincuencia. En una entrevista para Jaime Chincha en Canal N, Angulo mencionó que en solamente un día, en San Juan de Lurigancho se había logrado la desarticulación de seis bandas criminales, se intervinieron 50 personas y se confiscaron 5 armas de fuego y una granada de guerra en posesión de un menor de edad de nacionalidad venezolana.
Además, mencionó que «el que controla el territorio, controla el delito. Mientras más presencia tengamos en la vía pública, podremos disminuir la probabilidad de un hecho criminal. Eso está demostrado». En general la presencia policial ha incrementado durante este régimen de excepción, reforzando la seguridad. Sin embargo, debe ser persistente la actuación policial, sobre todo una vez se concluya con el estado de emergencia o, de lo contrario, la inseguridad ciudadana se mantendrá.
Sin embargo, es de conocimiento público que existen también casos de desacato de la ciudadanía a estas medidas. Es por esta razón que se han lanzado operativos policiales para detener a las personas infractoras. Principalmente, se trataban de bares y discotecas que no cumplieron con el horario establecido que señala que entre las 00:00 y las 04:00 horas están prohibidas las actividades de reunión social.
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El estado de emergencia: ¿Medida excepcional o generalizada?
Un estado de excepción sí puede traer a nivel instantáneo un menor índice de delincuencia debido a la restricción de actividades cotidianas. Sin embargo, esta es de carácter transitorio por su misma naturaleza. No se debe generalizar su uso para intentar cubrir una ineficiencia de las políticas de seguridad ciudadana. Debido a que significaría abusar de esta figura constitucional que debe ser de uso temporal y en casos de extremo peligro nacional y no como medida generalizada para frenar la delincuencia.
La inseguridad ciudadana ha incrementado y por lo tanto amerita una mayor intervención por parte del Estado, principalmente respecto al crimen organizado. Por lo tanto, medidas excepcionales frente a casos que afecten la seguridad de la ciudadanía en su conjunto son necesarias para poder realizar un freno momentáneo. Sin embargo, la realidad demuestra que no se ha efectuado aún un plan integral y organizado para detener el avance de la delincuencia que pueda perdurar en el tiempo y que a la vez no vulnere los derechos constitucionales de las personas. Entonces, el actual estado de emergencia una vez que concluya, por el momento, parece no tener una medida sucesora que continúe frenando con la inseguridad en estos distritos.
