Erick Urbina, abogado constitucionalista y docente de la Universidad de Lima, explica cuáles serían los posibles escenarios ante la crisis política que continúa afectando la institucionalidad del Ministerio Público y el estado de derecho. Todo lo referente en la presente nota.
Perú vive una crisis política que lleva azotando el país desde hace décadas; pese a ello, las diferentes sucesiones presidenciales se han dado dentro del marco de la ley y la Constitución. Del mismo modo, los organismos autónomos, amparados en la carta magna, también han desempeñado sus funciones siguiendo las reglas democráticas.
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El 27 de noviembre, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción allanó las oficinas de los asesores de Benavides en una investigación por presunta organización criminal, centrada en la detención de Villanueva. El 28 de noviembre, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un procedimiento disciplinario inmediato. El 30 de noviembre, Benavides solicitó la ampliación de una medida cautelar y la suspensión del proceso disciplinario inmediato ante el Sexto. Juzgado Constitucional debido a una investigación fiscal en su contra. Ese mismo día, la Comisión de Fiscalización la citó por irregularidades, pero no compareció ante el parlamento. Además, la JNJ programó una audiencia en el marco del proceso disciplinario inmediato contra la fiscal de la Nación.
Escenarios: ¿procede o no la suspensión a Benavides?
Erick Urbina sostuvo acerca de las posibles alternativas jurídicas constitucionales que procedería ante la inevitable polarización de la permanencia de Benavides en la fiscalía de la nación:
- La Junta Nacional de Justicia, como órgano encargado de nombrar, renombrar, destituir o suspender a los fiscales supremos, tiene la capacidad, en el caso de la fiscal de la Nación de suspender e investigar en base a los argumentos y las pruebas que se pueda recabar.
- La Junta de Fiscales Supremos no la pueden suspender del ejercicio como fiscal; sin embargo, sí se puede dejar sin efecto su nombramiento como fiscal de la nación y pasaría a ser parte de los fiscales supremos.
- El congreso puede formular una acusación constitucional contra la fiscal de la Nación, no necesariamente encontrar un delito; pero sí señalar que infringió la Constitución y se abriría el camino para destituirla. Siendo así, las bases legales que permiten esto son:
Artículo 43.° La Comisión Permanente del Congreso se reúne durante el receso
Reglamento del Congreso de la República
del Congreso y en los demás casos señalados en este Reglamento, sin perjuicio
de su instalación luego de la designación de sus miembros por el Pleno. Sin
embargo, puede ser convocada dentro del período ordinario o extraordinario de
25 sesiones cuando sea necesario cumplir con el trámite de acusación constitucional
Artículo 99.° Acusación por infracción de la Constitución
Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso:
A Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado, a los fiscales supremos…por infracción de la Constitución. Por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.
Constitución Política del Perú
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¿Quién daría el primer paso?
Entre uno de los primeros organismo reguladores la JNJ sería la que da las luces para iniciar con el procedimiento de suspensión temporal de la titular del Ministerio Público, frente a graves cuestionamientos y un fuerte rechazo de sectores del poder y ciudadanía.
Se avizora un futuro poco alentador y el rol de la ciudadanía no reacciona como debería, asumiendo ser corresponsables de lo que estamos atravesando.
Finalmente, Erick Urbina señaló que la Junta Nacional de Justicia es la principal actora porque la fiscal de la Nación es quien habría movido sus influencias para destituir a los miembros. Asimismo, en el Parlamento también se tiene interés, ya que ella habría entrado en coordinación con algunos congresistas. Los mismos quienes son los autodenominados como «Los Niños», quienes en su momento votaron a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos.
Por tanto, todo ello refleja el priorizar obtener el poder, a cambio de favores y estabilidad en sus cargos. Relacionado con el archivamiento de sus imputaciones y que estos queden en el olvido y salir ilesos de la inminente crisis política. Siendo así que los discursos de lucha contra la corrupción se desvirtúan cuando se torna en galimatías e instrumentos hegemónicos.
