La Contraloría General de la República presentó un proyecto de ley al Congreso con el objetivo de agregar conductas a la lista de acciones que pueden ser penalizadas. Uno de estos actos es que un funcionario designe o facilite la selección de una persona de manera indebida o sin observar los requisitos adecuados establecidos por las regulaciones.
El contralor Nelson Shack presentó formalmente la iniciativa 05730/2023-CG. El documento busca cambiar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. El texto propone añadir nuevas conductas infractoras que podrán ser sancionadas directamente por este organismo.
En ese sentido, se plantea que en el artículo 42 sobre infracciones se incluya la «omisión en la presentación o remisión de la documentación, los registros y/o la información» exigidos por las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Control. Asimismo, en el artículo 46 sobre conductas infractoras, la Contraloría busca sumar nuevas prácticas que puedan ser sancionadas. Esto se daría sólo si son cometidas por funcionarios o servidores públicos.
En este contexto, se hace referencia a la acción de nombrar a alguien en el cargo, puesto o función a pesar de tener restricciones para ocupar dicho puesto. Es decir, cuando no cumple con los criterios o condiciones necesarias. También abarca el hecho de permitir o colaborar de alguna manera en la realización de esta incorporación, designación, nombramiento, asignación o contrato. Esta infracción sería considerada como grave. Sin embargo, si genera perjuicio económico o grave afectación, la infracción pasará a ser muy grave.
Más modificaciones de la Contraloría
Por otro lado, se anticipa que también se busca penalizar otras conductas. Es el caso del incumplimiento funcional que paralice la inversión, el ignorar sin justificación disposiciones que regulan su actuación o conducir un procedimiento de selección sin cumplir la normativa vigente.
Asimismo, elaborar, aprobar o modificar documentación para la contratación de bienes, servicios u obras; o incumplir injustificadamente obligaciones o funciones referidas al proceso de transferencia de gestión. Si la ley es aprobada, cada una de estas acciones conllevará a la imputación de responsabilidad funcional administrativa. Además, la autoridad, para imponer castigos, podría recaer en la Contraloría General.
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Cabe recordar que el congresista Wilson Quispe Mamani asumió la presidencia de la Comisión de Fiscalización y Contraloría para el periodo anual 2023-2024. Él tomó el cargo con la perspectiva de realizar «una gestión transparente, neutral, democrática y legal, como mandan las normas vigentes y el pueblo peruano».
