El Congreso de la República recibió el proyecto de ley por parte de la parlamentaria de Avanza País, Norma Yarrow Lumbreras, que busca modificar el código penal «con la finalidad de fortalecer la lucha contra el delito de extorsión y salvaguardar la seguridad ciudadana».
La congresista refiere principalmente método operativo de los prestamos «gota a gota» y los pagos de créditos, proponiendo que estos actos conlleven a la condena de entre 10 a 15 años de prisión.
No obstante, resalta que si las amenazas, intimidaciones o violencias causan la muerte de la victima o lesiones graves al agraviado y terceras personas relacionadas a esta, tendrán que condenarse con cadena perpetua.
Yarrow Lumbreras resalto, también, las modalidades más usadas por estos grupos criminales, entre ellas, la extorsión del «gota a gota», cupos de construcción civil, rescate de vehículos, resguardo a tiendas comerciales, sticker a específicos transportes públicos y cupos por esquinas.
Respaldará sus estrategias contra la delincuencia
Vale recordar que el Pleno del Congreso aprobó la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, el cual tendrá que acercase este jueves 14 de marzo para responder un pliego de preguntas. De igual manera, atenderá las consultas relacionadas respecto a las estrategias y decisiones que ha tomado su sector para reducir los robos, secuestros y extorsiones en el país.
«Que, la entidad encargada de combatir la inseguridad ciudadana está a cargo del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú; sin embargo, hasta la fecha desde inicio del mandato del ministro se ha visto falta de acción y tomas de decisiones ante la creciente ola de eventos delictivos y hechos delincuenciales», se lee.
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Además responderá a los futuros planes operativos del Ministerio del Interior en conjunto con la Policía Nacional del Perú para enfrentar la tala ilegal, el tráfico de terrenos y el narcotráfico en la Amazonía peruana, luego del asesinato del líder kichwa Quinto Inuma Alvarado, presidente de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, en noviembre del año pasado.
