El 18 de enero, la Comisión Permanente del Congreso decidió dar un paso adelante a su estrategia contra la CIDH al presentar un texto sustitutorio donde solicita una serie de cambios o, en todo caso, una posible denuncia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Si bien aún no se envía al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación, solamente queda la autógrafa para ese paso.
¿Qué está pasando en el Congreso?
En segunda votación, la Comisión Permanente decidió aprobar la conformación de una Comisión de Alto Nivel, según el Portal del Congreso. Esta comisión tiene como propósito fundamental la reformación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Martha Moyano, congresista de Fuerza Popular, fue la encargada de la sustentación del texto sustitutorio de la propuesta, la cual fue aprobada con 14 votos a favor, 11 en contra y una abstención.
Esta iniciativa nace, según Martha Moyano, en vista de que el Congreso no puede aprobar una ley para retirarse de la Corte. En este sentido, es importante mencionar que la CIDH norma Derechos Humanos y, por ende, obtiene rango Constitucional incapaz de ser superado por alguna ley, según lo aclarado por el Tribunal Constitucional.
Frente a la decisión de la Comisión Permanente, el congresista Reymundo Mercado solicitó una cuestión previa para que el dictamen regresara a la comisión; no obstante, no prosperó su solicitud.
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Pronunciamiento de la CIDH en el Perú
A inicios del 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un informe criticando el actuar —citando su escrito— desmedido por parte de la Policía Nacional en las manifestaciones sociales suscitadas en distintas zonas del territorial peruano. En el mismo documento se detallan vulneraciones a los derechos humanos en las regiones de Ayacucho y Puno, que se analizan desde el foco multicultural.
A la par, también se hizo presente este órgano para condenar la decisión del Tribunal Constitucional del Perú que ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Recordemos que en el 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano la no ejecución del indulto, por lo que de manera enérgica solicitaron la abstención de la decisión. El argumento de la CIDH nace por los delitos que se le atribuye al exmandatario catalogados como crímenes de lesa humanidad amparados por el Derecho Internacional Público.
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Críticas por el informe
El año pasado, sectores de la política peruana manifestaron su malestar frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre ellos, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, catalogó al informe por las manifestaciones a comienzos del 2023 como «sesgado a la izquierda» y «no confiable». Asimismo, Jose Williams, en ese momento presidente del Congreso, también concluyó que el informe realizado estaba sumamente sesgado y, además, que atentaba contra la soberanía nacional al tratarse de una injerencia directa.
El mismo sentir tendría la población peruana; según Datum Internacional, el 59 % de los encuestados estaría en desacuerdo con la conclusión obtenida en el informe, mientras que el 49 % de los mismos estaría de acuerdo. Sin embargo, frente a la pregunta sobre si el Perú debería salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 58 % considera que el Perú debería mantenerse en este órgano.
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¿Cómo se legitima la CIDH?
El objetivo principal de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el cuidado, preservación y defensa de los Derechos Humanos de los ciudadanos que radiquen en territorio interamericano. Ambos órganos se establecen dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cual viene a ser la primera organización regional creada para cumplir con los fines contenidos en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
En ese marco, el Perú desde 1981 aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se espera que de buena fe el Estado peruano cumpla con su compromiso. Aún así, existen procesos y, por ende, posibilidad de que el Perú pueda apartarse de la CIDH, aunque eso no quita que otra instancia supranacional pueda procesarnos. De la misma forma, cualquier proceso que busque «liberarnos» de la CIDH tardará varios años en culminarse.
