Los congresistas de Renovación Popular, encabezados por Jorge Montoya, presentaron ayer una propuesta de ley como «objetivo la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos». En caso de que esta propuesta sea aprobada, la presidenta de la República deberá interponerla en un plazo de 30 días. En el caso de que se oponga, deberá justificar su posición ante el Pleno.
De este modo, esta agrupación de congresistas busca instar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a ir en contra del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nuestro país está adherido a este sistema desde 1978. Este proyecto deberá ser debatido en la Comisión de Justicia, encabezada por Américo Gonza Castillo, de Perú Libre. Fue en esta comisión ordinaria donde también se originó el informe de la ley mordaza.
La iniciativa presentada por Renovación Popular se alinea con las posiciones adoptadas por Daniel Ortega, dictador de Nicaragua. Él ordenó la expulsión de la CIDH en 2018, al igual que Nicolás Maduro, quien denunció la Convención en 2013. Cabe mencionar que la existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es posible gracias a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Posturas en contra
El titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, mostró estar en desacuerdo al proyecto de ley presentado por el grupo de congresistas. «No es correcto alejarse de los parámetros de la instancia jurisdiccional supranacional. Ningún peruano está exento del abuso de poder. Por eso, tenemos una instancia supranacional que revisa esos excesos y que resuelve esos excesos con objetividad», declaró en una entrevista a TV Perú.
El defensor del Pueblo aclaró que el Ejecutivo ha demostrado, en sus acciones, reconocer a la Corte IDH. Además, indicó que ni Dina Boluarte ni Alberto Otárola han afirmado que se saldrán de la Convención. «Yo he escuchado las declaraciones del primer ministro en las que ha dicho que se allana a todas las recomendaciones que ha hecho la comisión. De parte de la presidenta también», afirmó.
Por otro lado, precisó que en el Congreso «no hay una sola idea» y que «probablemente algunos quieren reforzar, más bien, la presencia internacional en materia de derechos humanos y otros que no». También, mencionó que «ambas posiciones respetamos, como ciudadano y más como funcionario, aun cuando no la podamos compartir».
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Cabe recordar que los informes realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Amnistía Internacional concluyeron que el Estado peruano cometió «ejecuciones extrajudiciales». Esto se realizó durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, que fueron llevadas a cabo en Ayacucho, Puno, Arequipa y otras regiones.
