Los representantes de la Casa Banchero llegaron a horas de la mañana al Congreso de la República, para responder los cuestionamientos de la Comisión de Fiscalización por el caso Rolex, que involucra a la presidenta Dina Boluarte y al gobernador regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima.
Héctor Banchero Herrera, gerente general de Casa Banchero, indicó que se acogerán al derecho a evitar responder las preguntas de dicho grupo de trabajo, ya que deben ceñirse a la confidencialidad como empresa de ventas que son.
«Lamento informar que mi empresa es una empresa de rubro del comercio y está ceñida a mantener la confidencialidad de los procesos y las ventas. Somos respetuosos de la información. […] Lamentablemente, no podemos divulgar información sensible por un tema de seguridad de nuestros clientes», señaló.
Sin embargo, precisó que ya hicieron llegar toda la información correspondiente a los encargados del desarrollo de las pesquisas correspondientes al caso.
«Hemos enviado todos los requerimientos a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Sunat, a la Fiscalía y a la Contraloría«, aseguró.
No conoce a Oscorima
En otra parte, Banchero Herrera negó rotundamente conocer al gobernador Wilfredo Oscorima cuando se le consultó sobre algún posible vínculo.
«No conozco al señor Oscorima. Nunca lo he visto. Y lamentablemente, como le dije anteriormente, no puedo responder sobre el tipo de compra de los clientes, la antigüedad de los clientes, porque toda esta información ya ha sido enviada a la Fiscalía y está en un proceso investigatorio. Si nosotros develamos esta información, estaría incumpliendo el secreto bancario. Entonces, lamentablemente no puedo responder. Pero, como le digo, no conozco al señor Oscorima», resaltó.
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«Se acogen al silencio los que pueden ser imputados de algo”
Por otra parte, el abogado de la Casa Banchero, Natale Amprimo, detalló que su patrocinado se rige a la Ley 29733, la cual permite la protección de los datos personales.
“No es que el señor Banchero se acoja al silencio, él cumple con la ley. Se acogen al silencio los que pueden ser imputados de algo”, argumentó.
“No se puede pretender que la empresa transfiera los datos personales de terceros, porque es información es sensible y protegida por la Constitución. Es un derecho fundamental”, añadió.
Asimismo, arremetió con los cuestionamientos alcanzados por dicho grupo del Congreso, porque esas no serían sus facultades otorgadas «ni siendo ordinaria ni investigadora”.
“La comisión [de Fiscalización] pretende que nosotros indiquemos quiénes son las personas que en cinco años han comprado Rolex. Como si esas personas no tuvieran secreto bancario, comercial y de actividades privadas. Eso no es facultad de la comisión, ni siendo ordinaria ni investigadora”.
