El pasado viernes 22 de septiembre, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la denuncia constitucional contra César Hinostroza. Esto referido a los delitos que realizó en ejercicio de sus funciones y dentro de la organización criminal «Los Cuellos Blancos». Sin embargo, el ex magistrado de la Corte Suprema sigue prófugo de la justicia. Es un caso que desde el año 2018 sigue sin resolverse y siguen tomándose medidas en el proceso.
¿Cómo se encontraba el caso Hinostroza hasta el momento?
César Hinostroza fue juez de la Sala Penal de la Corte Suprema de la República hasta el 2018. Se mantuvo en el cargo hasta demostrarse que pertenecía a la organización criminal que involucró tanto a magistrados, como a políticos y empresarios «Los Cuellos Blancos». Por esta razón y la difusión de audios que comprometían su participación en dicha agrupación criminal, fue destituido del cargo.
Cabe aclarar que su destitución, al igual que todo el Consejo Nacional de la Magistratura, fue la principal causa para que posteriormente se optara por reformar completamente dicho sistema. Así, de esta forma se creó la Junta Nacional de Justicia, organismo del Estado que se creó constitucionalmente con el referéndum del 2018.
Posteriormente, el exmagistrado miembro de la organización de favores ilícitos y tráfico de influencias huyó del país. Primero decidió huir a España, sin embargo, se le negó el asilo político en dicho país por lo que se ordenó su extradición. Por esa razón, Hinostroza vive prófugo de la justicia tanto peruana como internacional tras existir un pedido de captura de la Interpol. Pedido que fue retirado el 15 de septiembre de este año debido a que supuestamente, se vulneran sus derechos y libertad personal con la información “restringida”.
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¿Qué se le imputa al exmagistrado?
A César Hinostroza se le imputan los cargos sustentados en la Comisión de los Hechos, los cuales se relacionan con ascensos indebidos en cargos del estado. En primer lugar, la llamada al Presidente del JNE Víctor Ticona, con el fin de renovar el contrato a Brian Rojas. En segundo lugar, la contratación en el Poder Judicial de Hidalia Guerrero. Ambos acontecimientos buscan servir de argumento para la posterior imputación de los delitos en su contra.
En base a ello se le imputan los cargos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible, tanto como instigador como autor del primero de ellos. Además, se le acusa de otros delitos como aprovechamiento indebido del cargo, así como patrocinio ilegal en contra del estado peruano.
¿Cómo se defendió Hinostroza ante los cargos en su contra?
El exmagistrado, luego de estar cinco años prófugo de la justicia, reapareció en una audiencia virtual. En ella, rechazó cualquier intento por parte del Congreso de conocer su actual domicilio, alegando motivos de seguridad personal. Sin embargo, existen indicios de que podría estar en Bélgica, tras habérsele negado el asilo en España.
Alega, por otro lado, que las pruebas en su contra han sido obtenidas de manera ilícita. Esto debido a que los audios violan su derecho al secreto de las comunicaciones. Las pruebas, para que puedan ser valoradas en el proceso, deben ser obtenidas de forma lícita y sin violar los derechos fundamentales de las personas investigadas. Sin embargo, en el caso Hinostroza sí existe un pronunciamiento del juez en el que se aprueba el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, de forma justificada. Por lo que se autorizó a las empresas de telefonía entregar la información de las llamadas entre el 01 de enero de 2017 al 31 de julio de 2018.
Además, también busca ampararse en la Ley 31751, denominada «Ley Soto». En ella, se reduciría el plazo de prescripción de la acción penal respecto al presunto delito de patrocinio ilegal. Esto en base al principio de aplicarse la ley más favorable en el tiempo para el imputado, la cual en este caso señalaría que la prescripción se hubiera dado el 23 de enero del 2022.
Por lo tanto, las pruebas iniciales son de carácter ilícito ya que terceros habrían grabado sin autorización las conversaciones telefónicas. Sin embargo, posteriormente el juez decidió levantar el secreto de comunicaciones del investigado Hinostroza con el fin de acceder a las pruebas que con mayor contundencia esclarecerían el delito. Entonces sí ha existido una orden judicial desde el año 2020 para poder acceder a la información de las llamadas telefónicas realizadas entre las personas implicadas en los hechos delictivos en los meses señalados.
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¿Cómo decidió la Comisión Permanente?
La Comisión Permanente del Congreso aprobó, tras la audiencia con unanimidad, la denuncia constitucional N° 75. Es decir, con los 20 votos que componen a la Comisión. Con ella, se solicita acusar a César Hinostroza por los delitos antes mencionados de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.
El presente documento deberá ser sustentado ante el pleno posteriormente por Lady Camones. Ella fue presidenta de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales y por lo tanto llevó el caso bajo su cargo. Con esta decisión, se continúa el caso de Hinostroza y la organización criminal “Los Cuellos Blancos”.
