Los finales de año siempre nos invitan a reflexionar sobre los logros y fracasos, sobre todo en el ámbito político. Justo antes de cerrar el año 2023, la ciudadania se llena de evaluaciones sobre el desempeño de los gobiernos municipales y regionales elegidos en noviembre de 2022. Estos gobiernos han completado su primer año de gestión, pero parecen haber pasado desapercibidos en medio del escrutinio público más centrado en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Es interesante notar que, a diferencia de los niveles de gobierno más altos, las administraciones locales y regionales a menudo tienen un impacto directo en la vida diaria de la gente. Estos funcionarios están a cargo de servicios cruciales como seguridad, educación, salud e infraestructura local. Además, cuentan con presupuestos significativos para atender estas áreas, lo que hace aún más relevante su desempeño y rendición de cuentas.
Las revocatorias municipales son un elemento importante en este panorama. En muchos lugares, los ciudadanos tienen el poder de revocar a los funcionarios locales si sienten que no están cumpliendo con sus deberes o si su gestión es insatisfactoria.
Este proceso refleja la importancia de la participación ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas a nivel local. En el transcurso de este año, se abrirán las oportunidades para comenzar los procedimientos destinados a destituir a gobernadores regionales, alcaldes y regidores a lo largo del país si no están satisfaciendo las expectativas de aquellos que los eligieron.
El Kit electoral es necesarios para la recolección de firmas estarán disponibles para su adquisición a partir del mes de junio a través de la ONPE. Pero ¿Cómo está siendo la gestión de las municipalidades y gobiernos regionales en el país? ¿Están realizando inversiones en beneficio de la población? ¿Se ha registrado una disminución en los niveles de seguridad en estas áreas?
Analisis de la gestión municipal
Empezamos asi con la gestion del burgomaestre de Lima, Rafael Lopez Aliaga, la gestión del alcalde de la capital, ha dejado mucho que decir para un puñal de sus electores, su administración se ha distinguido por su baja presencia en eventos públicos, aunque se dice que esto se debe a que ha estado «limpiando la casa» dentro de palacio municipal y que en esa limpia ha expulsado a 7 mil ‘trabajadores fantasmas’ que recibían altos sueldos. En esa línea, aseguró que en todo el primer año de su gestión no recibió “un centavo” en comparación con sus antecesores.
Además de sus controversias y anuncios, varios de los cuales no se han concretado. Recientemente, la autoridad municipal hizo una serie de declaraciones sobre los proyectos principales que tiene previsto llevar a cabo en el transcurso de 2024. Aunque una de las problematicas de la gestion ha sido la reubicación de vendedores ambulantes y la mejora de la seguridad en la capital con la compra de 10 mil motos para combatir la delincuencia en la ciudad. Después de varios meses de demora, anunció en noviembre pasado que se aprobó la compra a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
Una promesa imcumplida son los peajes, prometió renegociar los peajes de Lima y el Concejo Metropolitano unilateralmente terminó los contratos con Rutas de Lima. El alcalde instó a la empresa a devolver los «peajes de la corrupción» el 29 de julio, pero no hubo cambios, ya que Rutas de Lima sigue operando según una decisión internacional. En octubre, la disputa entre la Municipalidad de Lima y la concesionaria por los peajes llegó a los tribunales, presentando argumentos ante el Tribunal Constitucional por una demanda de habeas corpus contra la empresa por el peaje en Puente Piedra. La decisión final está pendiente de votación.
En resumen, pese a las promesas de López Aliaga de revisar los peajes, las acciones tomadas por la Municipalidad de Lima no han logrado detener la operación de Rutas de Lima, y la disputa ha llevado el caso ante instancias judiciales, quedando la resolución en suspenso.
Para cerrar, se evidencia un gasto en diversas áreas, pero la falta de claridad en políticas públicas para dirigir Lima hacia un rumbo definido. El lema «Lima, Potencia Mundial», que fue parte de su campaña electoral, aún no se ha reflejado en avances significativos. Esperemos que el 2024 traiga una renovación real, con la casa limpia, y veremos cómo el alcalde impulsa una Lima más estructurada y con eficientes políticas sociales para el futuro.
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No todo es malo
El que si parece estar haciendo bien la gestion municipal es el Alcalde de Surco, Carlos Bruce, uno de los distritos de Lima con uno de los presupuestos más grandes, ha logrado ejecutar el 100% de su presupuesto de inversión en obras, siendo destacado por este logro, uno de sus principales logros el mejoramiento de pistas en la Av. Primavera y Alonso de Molina.
Además, junto con otros cuatro distritos (La Molina, Lince, San Miguel y Surquillo), ganaron un concurso del Banco Mundial y la Municipalidad Metropolitana de Lima para obtener financiamiento para la creación de la «supermanzana de Surco». Este concepto de zonas de tránsito calmado, impulsado por el ecólogo Salvador Rueda, reconocido por su trabajo en ciudades como Barcelona, Buenos Aires y Quito, se implementará con la asesoría del Banco Mundial, tras visitas técnicas y talleres en los municipios seleccionados. Este avance ha llevado a Surco desde el puesto 27 al primer lugar en el ranking. (MEF- Consulta Amigable 1 de Enero 2024)
Analisis de gobiernos regionales
Han pasado más de veinte años desde que se establecieron los cimientos de descentralización en el Perú, una idea que despertó grandes expectativas para lograr un desarrollo más equitativo y justo en el país. Esta aproximación sugería que al dar mayor autonomía a los gobiernos locales y regionales, podríamos tener una gestión pública más efectiva, de calidad y con mayor transparencia, lo que beneficiaría a los ciudadanos. Sin embargo, la realidad en el Perú nos muestra una brecha enorme entre esta teoría y lo que realmente ocurre. Muchos de los problemas sociales, políticos y económicos a los que nos enfrentamos no han encontrado solución debido a un proceso fallido: se otorgaron recursos financieros y responsabilidades en teoría, pero se descuidó fortalecer las bases institucionales, operativas y el capital humano necesarios para que funcione en la práctica.
Tomemos como ejemplo la situación del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, quien, según el diario «Correo», estuvo ausente del país durante 45 días en 2023, lo que representa más del 10% de su tiempo en la responsabilidad. Estas prolongadas ausencias, mientras su región enfrentaba desafíos como la creciente violencia criminal y la amenaza de un posible fenómeno de El Niño, plantean interrogantes sobre su compromiso con la gestión regional. Sus destinos habituales en España o Francia no parecen ser los lugares más adecuados para abordar estas crisis.
Acuña Peralta modificó su opinión sobre el general PNP Augusto Ríos Tiravanti, ya que hace unos meses había expresado que no debía ser removido, destacando su dedicación y labor. Además, frente a los reporteros, expresó su pesar por la implicación de un coronel de la Policía, mencionando al oficial Miguel Balta Paredes, en relación con la banda criminal «La Gran F.A.», asegurando que este oficial es cercano y de confianza para Ríos Tiravanti.
En cuanto a la administración municipal en Trujillo, su alcalde Arturo Fernández ha sido objeto de críticas. En lugar de contribuir al combate contra la inseguridad en la ciudad, protagonizó un evento controvertido y problemático por el Día de la Independencia de Trujillo. Su discurso confrontacional y la falta de medidas de seguridad adecuadas generaron incidentes desafortunados, con reportes de robos y disparos a solo una cuadra del evento. La prefecta regional de La Libertad denunció agresiones físicas por parte del personal de seguridad del alcalde.
Ademas, La Municipalidad Provincial de Trujillo, ubicada en La Libertad, decidió clausurar el Mall Plaza por un período de 30 días después de un tiroteo que resultó en la muerte de una persona y dejó tres heridos. Esta medida se tomó como resultado de un operativo realizado tras el suceso ocurrido el 23 de diciembre en el patio de comidas del centro comercial. Sin embargo, la respuesta del alcalde ha generado críticas, ya que en lugar de reforzar la seguridad y utilizar los recursos disponibles para ello, optó por cerrar el centro comercial. Esta decisión ha sido vista como un abuso de poder y ha suscitado menciones a la ley contra cierres arbitrarios de negocios, en referencia a la normativa impulsada por el ya fallecido Nano Guerra García.
Estos ejemplos destacan la deficiente ejecución de fondos para la prevención de desastres en varias partes del país. A inicio de noviembre del año pasado, tanto los gobiernos regionales como los municipales habían ejecutado una parte mínima de los presupuestos asignados para este fin, a pesar de la inminente temporada de lluvias y la advertencia sobre un Niño costero severo. Esta falta de previsión y ejecución podría haber representado una catástrofe en las zonas afectadas si la amenaza climática hubiera sido más grave.
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¿Qué podemos hacer?
A medida que analizamos estos casos, se evidencia la importancia de una gestión responsable y comprometida en los niveles municipales y regionales. Las revocatorias municipales pueden ser un mecanismo vital para responsabilizar a los funcionarios locales por su desempeño, asegurando que estén verdaderamente comprometidos con atender las necesidades de la comunidad. La falta de ejecución presupuestaria y de acciones efectivas ante crisis potenciales subraya la necesidad de liderazgos más eficaces y centrados en el bienestar de las personas en el ámbito local.
La falta de una carrera pública efectiva en el Perú, especialmente a nivel descentralizado, refleja una preocupante precarización. Es alarmante que la contratación en roles clave en el ámbito público se realice sin cumplir los requisitos mínimos establecidos en las normativas nacionales y subnacionales. La Contraloría General de la República identificó que el 34% de los funcionarios a nivel subnacional no cumplían con los requerimientos establecidos, mientras que más del 50% de las observaciones realizadas a regiones y municipios se relacionaban con deficiencias en la gestión de los recursos públicos.
Además, la fragmentación extrema en la división política del país, con más de 1,800 distritos y la facilidad para crear nuevos sin base técnica sólida, imposibilita la generación de economías de escala. A pesar de que el 60% de los municipios en el país tiene un presupuesto per cápita mayor que San Isidro, ninguno de ellos alcanza su nivel de influencia. Esta atomización de los gobiernos locales dificulta enormemente la gestión pública.
¿Cómo podríamos describir un proceso de descentralización en el que los gobiernos locales, con recursos considerables, no logran ejecutar gran parte de su presupuesto destinado a inversiones? Cuando finalmente ejecutan esos fondos, lo hacen con tal ineptitud que resulta en retrasos, costos desorbitados y proyectos paralizados.
Sin embargo, mientras la fragmentación presupuestaria afecte la planificación y ejecución de proyectos con una visión integral de desarrollo, será difícil lograr mejoras significativas. La descentralización necesita una revisión seria y profunda para promover una coordinación efectiva entre municipios y entidades estatales, permitiendo inversiones en infraestructuras integradoras que fomenten el crecimiento económico regional y la conexión con el mundo exterior. Es crucial repensar el modelo descentralizado para impulsar un desarrollo más equitativo y sostenible en el país.
