El 19 de octubre el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación preliminar en contra de Alberto Otárola, el presidente del Consejo de Ministros. La Fiscalía de la Nación, encargada de dicha labor, anunció que se encuentran involucradas autoridades de Devida, organización cuyo propósito es la lucha antidrogas.
Los investigados son Carlos Figueroa (presidente ejecutivo de Devida), Martín Villafuerte (gerente general de Devida) y Rosa Rivera, protagonista de una de las reuniones del premier. Tanto Figueroa como Villafuerte y Rivera son acusados del delito de colusión simple y agraviada, cargo que comparten con el líder de la PCM.
Resultan graves las acusaciones en contra de quien figura junto a Dina Boluarte como una de las dos personas más poderosas de la República. Ello según una encuesta de Ipsos denominada “Las personas más poderosas del Perú 2023”.
Contrataciones irregulares
Recordemos que el motivo de dicha investigación son las cuestionables contrataciones tanto de Rosa Rivera Bermeo como de Yaziré Pinedo Vásquez. En el primer caso, Rivera fue contratada en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), organismo que está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. La sospecha se basa en la reunión de la beneficiada con Otárola en la PCM, reunión de la cual salió beneficiada con dos órdenes de servicio de 27.000 soles cada una.
Asimismo, Yaziré Pinedo tuvo su respectivo encuentro al momento en el que ejercía de Ministro de Defensa, en diciembre de 2022. Salió a luz que llegado febrero del 2023, ésta ya contaba con un contrato de 18.000 soles. No solo eso, sino que el 3 de mayo del presente año obtuvo otro contrato por 35.000, dando un beneficio total de 53.000 nuevos soles.
LEE TAMBIÉN: Trujillo: Grupo radical adoctrinaba niños con ideología senderista
Acusaciones y respuesta
Según la Fiscalía de la Nación, ésta supone que el líder de la Presidencia del Consejo de Ministros es un presunto instigador del delito de colusión, en su modalidad simple y agraviada. Recordemos que esta institución realizó diversas labores de recolección de información en Devida, el Ministerio de Defensa y en la misma PCM.
Siendo que su presunto perjuicio al Estado suma 107.000 soles, su imagen ha sido gravemente dañada y las críticas no han tardado en llegar. Frente a ello, el cuestionado político declara lo siguiente: “¿Qué cosa quieren? ¿Que existan reuniones clandestinas? Qué tiene de malo que una persona se reúna con una persona para ver cuál es su currículum, cuáles son sus documentos, si interesa o no a la institución”
