Ante la posible disolución del Congreso, el legislador no agrupado Edward Málaga oficializó la tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo por incapacidad moral permanente. En el documento recientemente presentado recalcó que el mandatario y su entorno más cercano están involucrados en serios casos de corrupción.
Además, criticó al docente cajamarquino por victimizarse constantemente y por arremeter contra los medios de comunicación. También arguyó que la destitución de Castillo «aparece como un medio no solo para sancionarlo políticamente por la comisión de hechos reprensibles, sino para cautelar el desarrollo de las investigaciones en su contra por parte del Ministerio Público».
Anteriormente, el congresista Málaga afirmó que «existen hechos e indicios objetivos de corrupción» para apartarlo de la presidencia. Incluso indicó que el Gobierno de Castillo ha puesto al país en una situación de desgobierno y desorden político sin precedentes. Hasta el momento, la iniciativa de Málaga cuenta con el respaldo de 67 congresistas.
LEE TAMBIÉN: Detienen al alcalde Augusto Cáceres por presuntamente liderar una organización criminal
Victimización presidencial
A través de la Moción 4904-2022, el parlamentario Edward Málaga cuestionó el mensaje presidencial del último 19 de octubre, pues consideró que Pedro Castillo mintió al país al describir una gestión exitosa claramente inexistente. Por el contrario, Málaga sugirió que el mandatario debió aprovechar la ocasión para dar explicaciones sobre los casos de corrupción en los que está involucrado.
«Castillo se ha encargado de atacar a la prensa y de victimizarse, aludiendo a una supuesta campaña de desprestigio. No tomó en cuenta que existirían hasta tres personas de su entorno que se habrían acogido a la colaboración eficaz. Estas serían Karelim López, Zamir Villaverde y Bruno Pacheco». Recordemos que, a pedido de Castillo, Beder Camacho ayudó a esconder a Pacheco.
Además, recurrió a los casos Puente Tarata y Petroperú, así como a los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, para sustentar la vacancia. En el documento también precisó que el mandatario lideraría una organización criminal desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que busca dirigir licitaciones públicas. Asimismo, indicó que Pedro Castillo ostentaba un «Gabinete en la sombra». Este sería un grupo que también encabezaría el mandatario para copar las instituciones públicas con la intención de generar activos ilegales. Incluso habrían captado a congresistas mediante entregas de direcciones y ministerios a cambio de emitir votos favorables para el Gobierno del profesor.
LEE TAMBIÉN: Acta del Consejo de Ministros interpreta negación de la confianza
¿Quién paga a los abogados de Castillo?
El congresista también cuestionó el pago de los abogados de Castillo, preguntándose si el Estado estaría asumiendo el gasto. «Esta situación es una clara inmoralidad. Porque se usa el dinero que debe servir para atender otras necesidades urgentes del país para la defensa de un presidente inmerso en casos de corrupción». En esa misma línea, agregó que el Estado seguirá desfalcándose económicamente debido a que sus actuales y exfuncionarios investigados también acceden al beneficio del patrocinio legal.
LEE TAMBIÉN: Entre bambalinas, Aníbal Torres es designado como asesor de la PCM
Designaciones de personajes cuestionados
Málaga indicó que Pedro Castillo designó a personas cuestionadas y prontuariadas durante su mandato. Para fortalecer esta acusación, mencionó a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, investigados por integrar una organización criminal que lideraría el jefe de Estado. Asimismo, criticó los nombramientos de Guido Bellido y Aníbal Torres como premieres. Para Málaga, ambos funcionarios fomentaron el odio y resentimiento entre compatriotas. «Exacerbaron sus diferencias étnicas, sociales y económicas; y utilizaron el aparato estatal para azuzar a la población de diversas regiones del país en contra del Legislativo».
Además, reprobó el Gabinete de Mirtha Vásquez por los nombramientos de cinco personas cuestionadas: Rubén Ramírez, Victor Raúl Maita, Carlos Gallardo, Luis Barranzuela y Walter Ayala. Este último —no debe olvidarse— presionó a generales y comandantes de las Fuerzas Armadas para ascender a cinco militares cercanos a Pedro Castillo. También cuestionó —entre otras decisiones— las designaciones de Betssy Chávez como ministra de Trabajo; de Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social; y de Andrés Alencastre como ministro de Desarrollo Agrario y Riego.
Incluso, de acuerdo con Málaga, Pedro Castillo aprovechó la Ley del Servicio Diplomático para proponer a personas cercanas al Gobierno como embajadores políticos. Málaga recordó, además, que Richard Rojas García, exjefe de la campaña de Castillo y hombre de confianza de Vladimir Cerrón, está siendo investigado por lavado de activos. Por lo tanto, carece de formación para asumir un puesto como representante del Perú. Otro caso similar fue el de los hermanos Isabel y Eliseo Soria Reátegui.
De la misma forma, mencionó a una exfuncionaria del Gobierno Regional de Junín —durante la gestión de Vladimir Cerrón— que fue cuestionada por presuntamente haber firmado documentos como ingeniera pese a que en ese entonces no tenía título universitario. Se trata de Carina Palacios Quincho, a quien —además— le propusieron ser embajadora en Bolivia.
