El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, mencionó a Perú en su informe internacional con la reciente controversia sobre una propuesta de ley que buscaba fiscalizar la financiación de ONGs en el país. Este proyecto surgió en un momento en que las relaciones entre el gobierno peruano y las organizaciones de derechos humanos se encuentran tensas, especialmente tras las acusaciones de violaciones a los derechos humanos en el manejo de las protestas sociales a finales de 2022 y principios de 2023.
Cronológicamente, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó un predictamen proponiendo modificaciones significativas a la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Los defensores argumentaron que estas modificaciones eran necesarias para fortalecer la transparencia y mejorar el escrutinio sobre las ONGs. A pesar de esto, el pleno no ha aprobado la medida ¿Cuáles vienen siendo las consecuencias para el Perú hasta el momento?
Congreso de Perú busca endurecer fiscalización a ONGs: ¿Protección o restricción?
Uno de los puntos más controvertidos del predictamen es la ampliación de las facultades de la APCI. Esto permitiría a la agencia denunciar a entidades receptoras de fondos de cooperación ante diversas instancias de foro nacional, en caso de sospechar la comisión de ilícitos penales o administrativos. Además, se establecen sanciones más severas por actividades que podrían ser consideradas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, como la participación en movilizaciones sociales o actividades de defensa de derechos humanos que puedan interpretarse como «actos contra la paz social».
Los detractores de estas medidas sostienen que podrían limitar severamente la capacidad de las ONGs para operar de manera independiente y afectar la ejecución de proyectos cruciales para el desarrollo social y ambiental. Uno de los puntos más controvertidos es el requisito propuesto para que las ONGs que realizan «activismo político» se registren y divulguen sus fuentes de financiamiento. Este aspecto ha generado preocupaciones sobre una posible interferencia indebida en las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, así como el riesgo de sanciones arbitrarias basadas en criterios poco claros.
El contexto político no pasa desapercibido: varios partidos políticos que respaldan estas medidas han tenido conflictos previos con ciertas ONG, particularmente aquellas que han denunciado casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Tal histórico de enfrentamientos se remonta a décadas pasadas, exacerbado por casos judiciales y movilizaciones ciudadanas donde las ONG han ostentado cierto rol.
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Reacciones de 15 Embajadas, UE, ONU y demás actores internacionales
La propuesta no pasó desapercibida en la arena internacional. Diversos actores globales expresaron su preocupación por las posibles implicaciones de la ley sobre la sociedad civil y la cooperación internacional. Entre ellos, el senador estadounidense Ben Cardin y la jefa de la Agencia de Cooperación Internacional de EEUU, Samantha Power, denunciaron que la normativa se asemejaba a las leyes restrictivas implementadas en regímenes autoritarios como Rusia y Nicaragua.
Estos regímenes son conocidos por utilizar la legislación para controlar y limitar la acción de las ONGs, erosionando así la independencia y la capacidad de la sociedad civil para operar libremente.
Además, el pronunciamiento conjunto de 15 embajadas y la Unión Europea con fecha 10 de junio de 2024 destacó el riesgo que la ley representaba para las libertades democráticas y la autonomía de la sociedad civil en el Perú. Estas preocupaciones se enmarcan en el contexto de que muchas ONG en el Perú reciben financiamiento de estos países, los cuales son además importantes socios de cooperación internacional. Asimismo, es preciso mencionar que esto se daba justo antes del final de la sesión legislativa con fecha 15 de junio de 2024.
La propuesta legislativa pretendía crear una entidad encargada de fiscalizar las finanzas provenientes del exterior que reciben las ONG, con la posibilidad de prohibir dicho financiamiento si se consideraba que estas entidades realizaban «proselitismo político». La definición ambigua de «proselitismo político» suscitó críticas por su potencial para ser utilizado como un mecanismo para silenciar a organizaciones que cuestionan las políticas gubernamentales o defienden los derechos humanos.
Respuesta del Canciller
El ministro de la cartera de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, ha tomado posición defendiendo la iniciativa legislativa. En sus declaraciones, ha subrayado la necesidad de una mayor fiscalización, argumentando que muchas ONGs no han cumplido con su misión de promover la democracia y la estabilidad en el país.
Según el ministro, «no tengo la más mínima duda de que desde hace muchos años estas organizaciones hacen lo que quieren y no cumplen», lo que, en su opinión, justifica la necesidad de una supervisión más estricta.
El ministro ha defendido que la ampliación de las facultades de la APCI es esencial para asegurar que las ONGs operen de manera transparente y alineadas con los intereses nacionales. El gobierno peruano, en ese sentido, criticó las declaraciones de varios países y entidades internacionales como injerencistas.
Para González Olaechea, el pronunciamiento conjunto de embajadas extranjeras, entre las que se incluyen las de EEUU, la Unión Europea, y varios países occidentales, representa una intromisión indebida en los asuntos internos del Perú. El canciller argumentó que tales pronunciamientos violan la soberanía nacional y su derecho a legislar en materia de financiamiento y regulación de las ONG.
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Pronunciamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, incluyó a Perú en su informe del martes 18 de junio de 2024 sobre el panorama de vulneraciones a los derechos humanos en varias regiones del mundo. Expresó su preocupación específica por el hecho de que, en los últimos meses, el Congreso de Perú ha impulsado una serie de iniciativas legislativas que han generado preocupación.
De acuerdo con Türk, estas propuestas podrían amenazar la independencia judicial y electoral del país, revertir avances en justicia transicional y limitar la participación política de las mujeres, además de restringir la libertad de asociación y expresión. Estos cambios potenciales podrían socavar los pilares fundamentales de la democracia peruana y comprometer los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
Uno de los puntos más controvertidos es la propuesta de modificar el sistema de nombramiento de jueces, lo cual podría aumentar la politización del Poder Judicial. Asimismo, las medidas que podrían debilitar los avances en la justicia transicional ponen en riesgo la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de conflictos pasados. Además, las posibles limitaciones a la participación política de las mujeres y las restricciones a la libertad de asociación y expresión podrían tener un impacto negativo en la diversidad democrática y la protección de los derechos civiles.
Es crucial que el debate legislativo en Perú sea siendo transparente y respetuoso de los estándares internacionales de defensa de los derechos humanos. La comunidad internacional, incluida la ONU, sigue de cerca estas discusiones para asegurar que cualquier reforma legislativa fortalezca la democracia y proteja los derechos fundamentales de todos los peruanos.
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