El viernes 17 de mayo, el Poder Judicial tomó una decisión que ha generado un gran revuelo en el ámbito judicial y político peruano: revocó la detención preliminar de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y de su abogado, Mateo Castañeda, junto a otros tres investigados en el caso conocido como ‘Los Waykis en la Sombra’. Las autoridades también incluyeron a Jorge Ortiz, Noriel Chingay y Jorge Chingay en esta medida después de detenerlos en el operativo ‘Valkiria-Jericó’ el 10 de mayo.
Contexto
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) investiga preliminarmente a los implicados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. La detención inicial fue autorizada por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien ordenó una detención preliminar de 10 días, luego de que se recogieran indicios de que los acusados podían representar un riesgo procesal.
Sin embargo, el caso fue elevado a la Quinta Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), presidida por la jueza Sonia Torres Muñoz e integrada también por los jueces Johnny Contreras Cuzcano y Javier Sologuren Anchante. En una audiencia que se llevó a cabo el mismo 17 de mayo, los jueces escucharon los argumentos de la fiscal superior Marita Barreto y las defensas de los acusados.
LEE TAMBIÉN: Poder Judicial Mantiene Prisión Preventiva por 18 Meses para Betssy Chávez por Intento de Golpe de Estado
Argumentos
La fiscal Marita Barreto insistió en que había pruebas suficientes para mantener la detención preliminar y pidió que se extendiera de 10 a 15 días, argumentando que el pedido original fue por 15 días y que la reducción a 10 días fue un “error material”. Barreto afirmó que los días adicionales eran necesarios para culminar las diligencias pendientes y destacó que Mateo Castañeda había cometido “graves actos de obstrucción” durante su detención.
Según la fiscal, Castañeda había ofrecido favores a los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano, quienes actuaban como agentes encubiertos autorizados por el Eficcop, a cambio de interceder en la investigación contra Nicanor Boluarte. Estos supuestos ofrecimientos incluían beneficios en sus carreras policiales, lo que según la fiscalía justificaba la necesidad de la detención preliminar.
Sala de apelaciones
A pesar de los argumentos presentados por la fiscalía, la Quinta Sala de Apelaciones concluyó que la resolución de primera instancia no había justificado adecuadamente el riesgo de fuga o de obstaculización. Los jueces señalaron que el juez Concepción Carhuancho no hizo un “desarrollo individualizado” de los riesgos procesales y que había utilizado argumentos similares para todos los investigados, lo cual no cumplía con los estándares necesarios para mantener la detención.
En su resolución, la sala determinó que Nicanor Boluarte sí presentaba arraigo en el país y que la gravedad de la pena por sí sola no constituía un elemento determinante para suponer un riesgo de fuga. En el caso de Mateo Castañeda, la sala concluyó que no se había acreditado mínimamente la posibilidad de fuga u obstaculización.
La autoridad revocó de inmediato la detención preliminar y liberó a los detenidos una vez notificada formalmente la resolución. Dado que esta decisión es de segunda instancia, no se puede apelar, aunque la investigación continuará.
Reacciones
Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda aprovecharon la audiencia para defender su inocencia. Nicanor Boluarte negó cualquier vínculo con una organización criminal y destacó su trayectoria y arraigo familiar. Además, criticó que la fiscalía allanara la casa de sus padres en Apurímac, aunque la fiscal Marita Barreto desmintió esta afirmación.
Por su parte, Mateo Castañeda se quebró durante su intervención, defendiendo su trayectoria profesional y su honorabilidad. Afirmó que nunca había recibido sanciones ni tenía antecedentes y negó conocer a los otros miembros de la supuesta organización criminal, excepto a Nicanor Boluarte por razones profesionales.
Críticas
La revocación de la detención preliminar ha suscitado fuertes críticas y debates en la opinión pública y en círculos políticos y judiciales. Algunos sectores consideran que la decisión puede interpretarse como un debilitamiento en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, especialmente dado el perfil de los involucrados y las serias acusaciones en su contra.
Por otro lado, defensores de los derechos humanos y del debido proceso han argumentado que la detención preliminar es una medida extrema que debe estar plenamente justificada y que la resolución de la sala de apelaciones refuerza la necesidad de cumplir con estándares rigurosos para evitar abusos.
LEE TAMBIÉN: Ley de Legítima Defensa: ¿Una Medida Necesaria o un Riesgo para la Sociedad?
Futuro incierto
Aunque han revocado la detención preliminar, el Eficcop sigue investigando. La fiscal superior Marita Barreto afirmó que las pruebas reunidas hasta ahora corroboran la tesis de la fiscalía y que se espera que en los próximos días se formalice la investigación. Esta formalización podría venir acompañada de nuevas medidas restrictivas, como la solicitud de prisión preventiva.
Este caso pone de manifiesto la complejidad del sistema judicial peruano y los desafíos en la lucha contra la corrupción y el tráfico de influencias. La determinación del rumbo de esta investigación y sus posibles implicaciones para los involucrados, así como la percepción pública sobre la independencia y efectividad del Poder Judicial en el Perú, será crucial en las próximas semanas.
Transparencia
Es imperativo que el Poder Judicial actúe con la mayor transparencia y rigor en casos de esta naturaleza. La revocación de la detención preliminar, aunque puede estar justificada desde un punto de vista técnico-legal, no debe interpretarse como un acto de indulgencia hacia conductas corruptas. Es fundamental que las investigaciones continúen con celeridad y que, de encontrarse culpables a los involucrados, se impongan las sanciones correspondientes. La justicia debe ser implacable con quienes abusan de su poder y posición para beneficio personal, especialmente en un país donde la corrupción ha causado tanto daño. La ciudadanía merece una justicia que no solo sea justa, sino también percibida como tal.
Más en Diario El Gobierno:
