Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros, señaló este jueves que el costo que tendría realizar la «devolución» de los aportes a afiliados activos e inactivos de la Oficina de Normalización Previsional, tal y como lo propone la iniciativa aprobada por el Congreso de la República, es superior al presupuesto asignado por el Gobierno para la lucha contra el COVID-19
«Para que tengan idea, el bono que ha dado el Gobierno de S/ 760 a 8.6 millones de familias ha costado S/ 6,500 millones. En concreto S/ 15,000 millones es el costo de todos los bonos del Gobierno más toda la lucha contra la pandemia en hospitales, medicinas y contención. Todo eso (devolución de aportes) no llega a S/ 15,000 millones», aseguró.
En esta línea, indicó que la medida provocaría problemas en materia económica, debido a que hará que se incremente la deuda pública y aumente el riesgo país.
«En el ámbito económico, 15 mil millones de soles significan un tremendo desequilibrio fiscal. Va a hacer que incremente la deuda pública y que el riesgo país se incremente. Entonces, en la macroeconomía será un problema bastante grave», añadió.
Además, Martos Ruiz adelantó que el Gobierno observará la autógrafa, pues indica que se trata de una norma inconstitucional y que podría generar daños sociales y económicos.
«Son recursos que se estaban destinando para la atención de la pandemia durante el tiempo que queda. Quiere decir que habrá menos recursos para atender las necesidades sociales, para entregar bonos a las personas que se les está dando, afectará la atención en hospitales, medicinas. Es un grave problema económico», agregó.
«Todavía no ha llegado (al Gobierno la ley de retiro de ONP). Cuando llegue indudablemente vamos a observarla por las graves consecuencias, no solo en lo económico, sino también sociales. Es una norma inconstitucional porque está yendo en contra de la intangibilidad que son los fondos de pensiones», expresó.
El PCM aseguró que, en el ámbito social, la norma aprobada por el Parlamento afectará a los aportantes que retiren sus fondos porque quedarán fuera del Sistema Nacional de Pensiones, lo que los dejará sin ingresos de pensiones a futuro y no tendrán atención de salud porque no podrán acceder a EsSalud. «Estas personas van a tener serios problemas en el futuro y van a ser un problema social para el Gobierno», aseguró.
