El pasado sábado 24 de febrero del presente año, el ex parlamentario Daniel Salaverry, se enfrentará a juicio oral. Fue el Poder Judicial quien dispuso el inicio de esta etapa en su proceso. Esto tras finalizar con el control de la acusación de 8 años de prisión efectiva que solicita el Ministerio Público. Ello se da en el marco del caso de los informes fraguados de sus semanas de representación.
Detalles
En cuanto al inicio de dichos procedimientos, fue el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, el encargado de brindar dicha información. Él declaró la procedencia a juicio oral en contra del excongresista, además de disponer que tanto el auto de enjuiciamiento como el pedido de acusación sean enviados a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. El objetivo de realizar estas acciones es poder continuar con el proceso de manera efectiva y adecuada.
En cuanto a la acusación formal presentada contra Daniel Salaverry, ésta fue enviada por La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Esto se dio en el año 2023 y la petición se tasó en 8 años de prisión, así como una inhabilitación de 5 años. Asimismo, existe un monto elevado de reparación civil que el ex parlamentario deberá de pagar. El monto total asciende a los 119.577 soles, establecido así por la Procuraduría.
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Caso
Recordemos que todo este proceso en contra de Salaverry inició por una denuncia en su contra por una presentación de informes de semanas de representación. Supuestamente dichos documentos poseían información falsa, puesto que lo que buscaban era sustentar las actividades realizadas por Daniel. Esto se remonta a cuando éste ejercía la labor de congresista de la República, entre noviembre de 2017 y marzo del 2018. Allí se documentaron tanto fotos como registros de acciones que él no realizó, por lo que fue objeto de diversas denuncias constitucionales. El motivo era de levantar su fuero y de esa manera poder ser procesado penalmente.
Ante todo esto, el Ministerio Público consideró la comisión del delito de peculado doloso. Ello por haberse, supuestamente, apropiado de fondos destinados a sus actividades durante la semana de representación en cuestión. El dinero había sido entregado por la Dirección General de Administración del Congreso de la República para solventar los gastos de su participación y la del personal de su despacho congresal. De acuerdo con la Fiscalía, estas actividades oficiales por las semanas de representación entre los años 2017 y 2018 no se realizaron.
