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Es de suponer que la fórmula pragmática a la que se refirió el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, durante su entrevista del domingo 21 de enero debe considerar prioritariamente el impacto que tendría en todas las empresas que venden o prestan servicios a Petroperú.
La ruptura de la cadena de pagos por la incapacidad de Petroperú de hacer frente a sus obligaciones, pondría en alto riesgo a todos sus proveedores, y no solo a los que le venden crudo.
Ayer (22/02/2024) decíamos que el problema de la deuda de Petroperú con los proveedores, con el Estado y con las entidades financieras, debe encontrar solución. No obstante, esa solución debería incluir algunas condiciones:
- Ya es tiempo que el Estado proceda a realizar una auditoría forense a Petroperú, por la salud de la propia entidad y por la tranquilidad de todos sus acreedores y, sobre todo, porque el país debe saber qué está pasando realmente en Petroperú.
- El jefe del Gabinete Ministerial ha explicado por qué no habrá desembolso de efectivo ni capitalización, siendo dos las razones principales: (1) no hay fondos y (2) hay otras prioridades. Así las cosas, sería insensato insistir en el pedido de efectivo y de capitalización. Sea porque se reprogramó la deuda o porque se emitirá garantías a favor de Petroperú para acceder a líneas de crédito en el sistema financiero. Lo que debe establecerse es que sea la entidad financiera la que pague directamente las deudas a los proveedores.
- No debe descartarse la alternativa de un proceso concursal en el Indecopi, solicitado por el propio Petroperú o por sus acreedores.
- Debe existir un compromiso del sector energía y minas de acelerar la licitación de los lotes I, VI., Z-69 y X. Los contratos temporales solo se justifican en casos de terminación imprevista de contratos en curso como sucedió con el Lote VII. Los contratos temporales no tienen programas obligatorios de inversión. En otras palabras, postergan las inversiones que son tan necesarias para incrementar la producción.
