José Domingo Pérez, fiscal parte del Equipo Especial Lava Jato, presentó un oficio N° 3515-2013-MP-FN-EQUIPO ESPECIAL-1°D al integrante del EFICCOP, Freddy Niño Torres, solicitando información sobre presuntos actos de obstrucción a la justicia «cometidos» por el procurador interino, Javier Pacheco, designado por la presidenta Dina Boluarte el 16 de diciembre.
En el oficio emitido por José Domingo Pérez, se sustenta la presentación de un INFORME correspondiente a su despacho fiscal frente a posibles actos de obstrucción e interferencia con el sistema de administración de justicia que vendría cometiendo Javier Pacheco Palacios, entre ellas la desactivación de la Unidad de Defensa Jurídica contra altos funcionarios de la Procuraduría General del Estado (PGE), entre otros; todo ello, a partir de su designación como procurador interino por Dina Boluarte.
El presente informe surge tras la suspensión temporal de Daniel Soria el pasado 16 de diciembre, desde que Boluarte encarga la Procuraduría General del Estado al investigado procurador Javier Pacheco Palacios, quien afronta una investigación por, presuntamente, contratar de manera irregular a una egresada de administración para brindar servicios en Derecho en la entidad que dirige, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.
LEE TAMBIÉN: Poder Judicial autoriza viaje de Kenji Fujimori a Iquitos
¿Cuál fue la principal medida que generó la presunta obstrucción?
Entre los cambios estructurales con celeridad fue la desactivación de dos unidades; la primera de ellas la Unidad de Defensa Jurídica del Estado, encargada de casos contra altos funcionarios, incluyendo procesos contra la presidenta Dina Boluarte y el premier, Alberto Otárola; y la Unidad Funcional de Articulación Territorial, responsable de atender requerimientos de procuradurías públicas regionales y municipales.
Finalmente, en el memorándum sostuvo que estas desactivaciones se dieron con el fin de optimizar recursos y esfuerzos en la defensa jurídica de los intereses del Estado además de promover una comunicación directa entre las procuradurías públicas.
En esa misma línea, hubo un inicial sustento de optimización, pero luego afirmó que se dio por la supuesta «indebida contratación de 18 profesionales» y argumentó que no figura en el memorando con el que requirió la desactivación.
Cabe resaltar que José Domingo Pérez señaló que su pedido se debe a lo que se conoció por medios de comunicación sobre «posibles actos de obstrucción e interferencia» que estaría cometiendo el procurador Javier Pacheco desde que asumió el cargo a la cabeza de la Procuraduría General del Estado.
