La CIDH ha resuelto que otorgará medidas cautelares a Rafael Vela, fiscal superior y coordinador del equipo Lava Jato, y a sus familiares. El comunicado se difundió el jueves 9 de noviembre por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en conjunto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL).
La medida se da en el contexto de su suspensión temporal por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Este cuerpo gubernamental alega que el fiscal accionó en compromiso de su cargo, interfiriendo en el ejercicio de funciones de otros órganos estatales.
Preocupaciones
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos teme por el esquema de protección de Vela, ello debido a que este enfrenta una posible suspensión. El proceso en cuestión es por aspectos disciplinarios en el Ministerio Público, respuesta estatal que la CIDH desaprueba rotundamente. La misma organización declaró lo siguiente: «dada la continuidad de los factores de riesgo en el marco del presente asunto, la Comisión considera que resulta necesaria la adopción inmediata de medidas que representen una respuesta integral frente a la naturaleza del riesgo».
Asimismo, llama a que dentro de los funcionarios públicos se evite a toda costa un ambiente hostil e intolerante. Contrario a esto, aconseja realizar pronunciamientos públicos que contrarresten los hechos en cuestión. Cabe resaltar que dentro de las peticiones se incluye que Vela sea libre de ejercer su labor sin recibir amenazas ni violencia en contra suya durante su ejercicio.
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Acusaciones
Al fiscal superior Rafael Vela Barba se le suspendió de su cargo por un periodo de 8 meses y 15 días por algunas declaraciones llevadas a cabo en 2020 sobre Keiko Fujimori mientras este ejercía como coordinador del Equipo Especial Lava Jato. En dichos pronunciamientos cuestionó el encarcelamiento de la lideresa de Fuerza Popular, decisión tomada por el Poder Judicial. Todo esto toma mayor relevancia cuando se tiene en consideración que el equipo Lava Jato pide 30 años y 10 meses de cárcel para Fujimori.
El afectado denuncia que la existencia de abusos y acosos como los que sufre él mismo toman lugar en las sombras de concertaciones ilícitas. Estos perjuicios no solo van en contra del fiscal, sino que afectan procesos como los de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Ollanta Humala. Vela reclama, en su recurso de 67 páginas, que la decisión en su contra peca de ser parcial e irregular, así como abusiva, injusta y arbitraria.
