Un giro del destino y el apoyo popular llevaron a que Rospigliosi Capurro regresara al Parlamento después de nueve años. En esta ocasión, asumió un escaño como suplente de Fuerza Popular (FP) tras el fallecimiento del congresista Hernando Guerra-García. El sociólogo, periodista, analista político y experto en seguridad e inteligencia, de 76 años, se contó entre los seis congresistas más votados en las últimas Elecciones Generales de 2021.
Durante el gobierno de Alejandro Toledo, Rospigliosi desempeñó el cargo de ministro del Interior en dos ocasiones. En su primer mandato, que abarcó de julio de 2001 a julio de 2002, se establecieron la Comisión para la Paz y el Desarrollo. Además, impulsó la colaboración con la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
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Sobre el Proyecto de Ley «Seguridad 360»
En un paso significativo hacia la mejora de la seguridad ciudadana en el país, el congresista Fernando Rospigliosi ha presentado un proyecto de ley que ataca directamente su área de especialización: la seguridad ciudadana.
El proyecto, denominado «Seguridad 360» fue presentado al Área de Trámite Documentario el día 30 de octubre a las 12:00 am. Con esto busca marcar el inicio de un esfuerzo legislativo destinado a fortalecer el sistema de justicia y combatir la problemática de la inseguridad que esta afectando ultimamente al pais.
El proyecto de ley tiene como objetivo fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana en el Perú. Esto mediante la creación de Fiscalías Especializadas y Juzgados Penales Unipersonales de Flagrancia. La iniciativa consta de cinco artículos y dos disposiciones complementarias, y no se propone la derogación de ninguna norma actualmente vigente. Además, se espera que la creación de fiscalías distritales penales en todos los distritos del país permita una respuesta más ágil y eficiente a los casos penales a nivel local, lo que contribuirá a la reducción de la impunidad y a la disuasión de la delincuencia. Asimismo, se busca mejorar significativamente la seguridad ciudadana.
Ademas, se dispone la simplificación de los procedimientos legales para mejorar la inversión pública en infraestructura penitenciaria a nivel nacional. Asimismo, se autoriza al Gobierno Nacional a ejecutar procesos de contratación directa para la construcción de cárceles. Esto garantizará la disponibilidad de celdas seguras para los reclusos en cantidad adecuada. A su vez, contribuirá a la rehabilitación de los infractores y a la prevención de la reincidencia delictiva.
El análisis costo-beneficio del proyecto de ley sugiere que este tiene el potencial de generar un impacto positivo en la sociedad peruana al potenciar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia.
Los beneficios significativos están en el acceso a una justicia más rápida y coordinación efectiva entre las instituciones encargadas de la administración de justicia. Con ello se contribuye a la reducción de la delincuencia y la impunidad en el país.
Si bien hay costos asociados con la implementación y operación de la infraestructura conjunta, estos costos deben considerarse en función de los beneficios a largo plazo que ofrecen en términos de seguridad y justicia.
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Conclusiones
En resumen, para la formulación y ejecución de un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, es imperativo evitar la improvisación y respetar requisitos sustanciales y formales. El plan debe reflejar una estrategia contra la inseguridad ciudadana que sea holística, multisectorial, intergubernamental, integral, transversal, participativa e inclusiva, y que garantice resultados efectivos.
Es esencial contribuir a una sólida Política de Estado en seguridad ciudadana. Se deben establecer una visión y misión claras que orienten las políticas para abordar las vulnerabilidades del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
La identificación de cinco vulnerabilidades clave, como un sistema jurídico ineficaz, la falta de un canal de comunicación adecuado entre autoridades y comunidad, problemas en la gestión y participación, insuficientes líderes, y una democracia debilitada, es fundamental para la elaboración de objetivos estratégicos y la definición de actividades estratégicas.
Para enfrentar con urgencia estos desafíos, se deben priorizar diez actividades estratégicas en el corto plazo. Se deben asignar roles y responsabilidades claramente definidos para gobernantes y gobernados. Estas acciones buscan abordar de manera progresiva las vulnerabilidades y lograr resultados concretos en la lucha contra la inseguridad ciudadana, satisfaciendo las legítimas demandas de la comunidad.
En general, el proyecto de ley tiene el potencial de generar un impacto positivo en la sociedad. Esto al potenciar e incrementar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia.
Sin embargo, es importante que se asignen los recursos necesarios para su implementación y operación adecuadas para garantizar su éxito ya que estamos en una de los olajes mas grandes de delicuencia esta clase de proyectos de ley nos ayuda a poder una vision mas amplia sobre como combatir la seguridad ciudadana.
