Durante la madrugada del viernes 27 de octubre, desconocidos quemaron la camioneta del periodista Enrique Bayona frente a su vivienda en Piura. El comunicador había denunciado meses atrás el caso de corrupción «Los Operadores de la Reconstrucción», la supuesta red criminal que habría actuado en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y en la que se investiga la participación del congresista Guillermo Bermejo.
«Los Operadores de la Reconstrucción» es una presunta organización criminal descubierta este año que se dedicaba a manipular licitaciones de obras públicas financiadas por la ARCC durante el gobierno de Pedro Castillo.
Según declaró Bayona a Exitosa Noticias, la madrugada del ataque escuchó una primera detonación que los alertó a él y a su familia. Al revisar las cámaras de seguridad, vio que su camioneta estaba envuelta en llamas frente a la puerta de su casa.
«Cuando hemos tratado de salir no podíamos, estaba la camioneta en la puerta de mi casa. Mis hijos estaban con nosotros y no teníamos posibilidades de cómo sacarlos. Hemos tenido que sacarlos por las paredes, apoyados por los vecinos», relató el periodista.
Bayona aseguró que el atentado buscaba silenciarlo por su investigación y que las imágenes de las cámaras serían entregadas a la Policía Nacional. Asimismo, señaló que los delincuentes tenían características similares a los que dispararon contra su vivienda en junio pasado, en el primer atentado que sufrió tras destapar el caso de corrupción.
El caso salió a la luz en agosto de este año tras la investigación y denuncia de Bayona. El periodista reveló que existió una reunión en el Congreso entre el entonces alcalde de La Unión, Fernando Ipanaqué, dos funcionarios de esa municipalidad y empresarios, en el despacho del legislador Guillermo Bermejo.
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Tras esta denuncia, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder realizó un megaoperativo que incluyó 49 allanamientos y 12 detenciones preliminares. Entre los detenidos estaban dos asesores de Bermejo –Jaime Jara y Yul Valdivia- así como el exdirector de la ARCC, Roberto López.
Su modus operandi era coordinar la asignación de presupuestos y empresas para ejecutar proyectos de reconstrucción, a cambio del pago de sobornos.
La fiscalía abrió una investigación preliminar contra el congresista Guillermo Bermejo en agosto de este año, tras el testimonio de un colaborador eficaz.
Según la declaración a la que accedió El Comercio, Jara y Valdivia acordaron con el exalcalde de La Unión el pago del 2% de los contratos financiados por la ARCC. Parte de ese dinero habría sido destinado al legislador.
Incluso, el colaborador narró que en agosto del 2022 Valdivia acudió a la casa de Bermejo para entregarle 40 mil soles producto de la coordinación con el alcalde. Sin embargo, Bermejo habría respondido «No seas pendejo, compa, el ‘Chato’ Jara es el encargado», en referencia a Jaime Jara.
La fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Jaime Jara y otros implicados en el caso. Actualmente Jara cumple 20 meses de detención preliminar ordenada por el Poder Judicial.
El ente investigador cuestionó al juez Leodan Cristóbal por dictar solo 20 meses de prisión preventiva y presentó una apelación. La fiscalía alega que el magistrado cometió un error en la motivación de su decisión.
Asimismo, se pidió ampliar a 36 meses la detención de Roberto López, exdirector de la ARCC. Cristóbal le dictó comparecencia con restricciones, medida que la fiscalía considera insuficiente debido al grave riesgo de obstaculización que este implicado representaría en libertad.
El atentado contra el periodista Enrique Bayona mediante la quema de su camioneta se suma a las amenazas y actos de intimidación que ha recibido desde que destapó el accionar de «Los Operadores de la Reconstrucción».
Si bien la investigación de la fiscalía sobre esta red criminal avanza y se esperan pronto acusaciones formales, este nuevo episodio de violencia demuestra que sus integrantes buscan silenciar a quienes exhiben sus actos de corrupción. Se espera que las autoridades puedan capturar a los autores intelectuales y materiales de estos ataques.
La investigación de «Los Operadores de la Reconstrucción» debe continuar sin interferencias y tener sanciones justas con los implicados. Con ello, se busca acabar con la corrupción e impunidad que aún campean en algunas instituciones del Estado.