Después de la implementación del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, así como en siete distritos de Sullana (Piura), con el objetivo de contrarrestar el aumento de la delincuencia y el crimen organizado, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha decidido ampliar esta medida al Cercado de Lima. Durante el anuncio efectuado el último jueves, la presidenta resaltó la importancia de esta extensión para garantizar la seguridad en la zona.
La Municipalidad de Lima ha mostrado su apoyo a la disposición y, al mismo tiempo, ha pedido realizar ajustes que protejan a los comerciantes y negocios de posibles perjuicios.
Boluarte no especificó la fecha de inicio para el estado de emergencia en el Cercado de Lima, aunque se ha filtrado que posiblemente se implemente la próxima semana.
En otro momento, la presidenta aseguró que la medida excepcional en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana está mostrando efectos positivos, ya que mencionó que hubo una disminución en los índices de delincuencia en esas áreas: una reducción del 28% en San Juan de Lurigancho.
“La implementación del estado de emergencia está dando frutos y continuaremos avanzando, siempre a través de la colaboración estrecha con los alcaldes y los gobernadores regionales”, añadió.
Prioridad: Armonizar medidas para no perjudicar a comerciantes
Después de anunciar la extensión del estado de emergencia al Cercado de Lima, Dina Boluarte hizo un llamado al alcalde Rafael López Aliaga para que pueda tomar medidas más efectivas contra la delincuencia, aprovechando una ‘norma habilitante’.
“Siempre puede contar con nuestro respaldo, el de nuestro Gobierno, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. A todos los alcaldes del país, les digo que los servicios de inteligencia de la policía están continuamente evaluando e informando sus investigaciones en sus jurisdicciones y tomaremos medidas en consecuencia”, expresó.
En otro momento, el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ofreció una conferencia para expresar la postura de la Municipalidad de Lima ante la reciente medida anunciada por el Ejecutivo. Destacó que la comuna está de acuerdo con la extensión del estado de emergencia en el Cercado de Lima, pero insiste en que debe ir acompañada de algunas modificaciones y ajustes.
Los comerciantes y negocios del Cercado van a manifestar su preocupación por esta disposición, ya que les afectaría económicamente. Por eso, esta medida debe ir acompañada de algunos ajustes. Una propuesta es que el Gobierno derogue una disposición del año 2022 que modificó la normativa y estableció que los miembros de las Fuerzas Armadas solo deben salir a las calles en situaciones de estado de emergencia. Si se revierte esta norma a su estado anterior, seguramente se contará con el apoyo de los militares, sin afectar los derechos de los ciudadanos y evitando consecuencias perjudiciales para los comerciantes.
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Opiniones del Estado de Emergencia
El estado de emergencia en varios distritos no parece ser la solución definitiva para el problema de la delincuencia y, en cambio, amenaza con socavar lo poco que queda del principio de autoridad.
Este problema va más allá de la esfera policial. A menudo, la policía logra capturar a los delincuentes y desarticular las bandas. Sin embargo, en algunas ocasiones, la fiscalía o el juez los liberan. Este es uno de los desafíos más graves en el ámbito de la seguridad ciudadana: las fallas en la coordinación del sistema judicial.
La delincuencia se aprovecha de las lagunas entre los diferentes actores de la justicia. Nadie toma medidas para resolver el problema de la falta de coordinación entre estas instituciones. En realidad, no existe una autoridad única que pueda abordarlo en el cumplimiento de sus funciones.
La Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial no tienen una autoridad común por encima de ellos. Se requiere reformar el Código Procesal Penal, modificar el Código Penal y corregir el exceso de «garantismo» que beneficia a los delincuentes.
El Congreso se encarga de revisar las leyes (los códigos). El Ministerio del Interior está bajo el mando del Ejecutivo, mientras que el Ministerio Público y el Poder Judicial son autónomos. Entonces, ¿quién puede unir las piezas sueltas de la administración de justicia?
La presidenta Dina Boluarte debería convocar al Consejo de Estado, que reúne a los máximos representantes de los poderes del Estado. No solo para la imagen, sino con un documento que proponga las reformas necesarias.
Esta no es responsabilidad exclusiva de nadie, pero afecta a todos y todos deben colaborar.
