La presidenta Dina Boluarte solicitó a la Fiscalía archivar las investigaciones en su contra por muertes occurridas durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023.
Tanto Boluarte como el premier Otárola presentaron documentos a Patricia Benavides, fiscal de la Nación, para que se archive la investigación. Los procesos contra ambas autoridades se iniciaron tras la ola de protestas violentas contra el gobierno de diciembre de 2022 y enero de 2023, que dejó un saldo de 67 muertos.
El abogado de la mandataria, Joseph Campos, tildó la investigación de «pérdida de tiempo». «Hoy han habido actividades que se han tenido que interrumpir para esta declaración cuando sabemos que jurídicamente no tiene ningún tipo de sentido esta investigación. Pero como somos respetuosos, hemos venido declarar», dijo el defensor.
Las acusaciones
El proceso menciona que la policía y las fuerzas armadas abusaron de su poder, atentando contra la integridad física de los manifestantes. Por ello, se acusa a Boluarte y Otárola de abuso de autoridad, lesiones graves, homicidio calificado y genocidio.
Joseph Campos indica que no hay pruebas para confirmar la culpabilidad de las autoridades por las muertes. «Nunca existió una relación directa con los hechos, así que en cierta manera, la responsabilidad jurídica de la presidenta aquí es absurda. Lo hemos dicho siempre y lo sostendremos», precisó.
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Las declaraciones de Boluarte y Otárola
A través de su abogado, Boluarte anunció que «ya no queremos seguir desarrollando las respuestas por respeto, precisamente, a las víctimas, que no necesitan un show, sino que se investigue con seriedad y objetividad». Por su parte, Otárola criticó a la Procuraduría por su injerencia en las investigaciones y aseguró remitirse al accionar de la Fiscalía y el Ministerio Público.
La presidenta y el jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros fueron citados por la Fiscalía por última vez el 27 de septiembre, donde prefirieron no declarar ante el Ministerio Público.
