La congresista Patricia Chirinos presentó una nueva denuncia constitucional el día de ayer dirigida contra los exmagistrados del Tribunal Constitucional (TC). Ellos son Marianella Ledesma, Manuel Miranda y Eloy Espinosa-Saldaña. La acusación es por la resolución que validó el cierre del Congreso en 2019. En el documento también está Martín Vizcarra y todos los integrantes de su gabinete que participaron en la decisión, junto con el excongresista Gino Costa. La legisladora del Callao solicita la sanción de inhabilitación por un período de hasta diez años para todos los involucrados mencionados.
La acusación surge a raíz de un fallo emitido por el Tribunal Constitucional designado por el Congreso actual, en el cual declaran válida una demanda competencial y anulan una resolución del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Castillo. Se refiere al acuerdo que generó la cuestión de confianza presentada por Aníbal Torres para derogar la ley que restringe el referéndum.
Entonces, Patricia Chirinos utiliza esta nueva resolución e interpreta que la anterior, del caso 006-2019 y emitida por el Tribunal Constitucional, carece de vigencia. Además, cualquier acción vinculada al cierre del Congreso, según su perspectiva, estaría en contra de la Constitución.
Así, la congresista Chirinos atribuye a Ledesma, Miranda y Espinosa-Saldaña infracción constitucional. También, los presuntos crímenes de usurpación de funciones, conspiración para una rebelión y hasta organización criminal. Esto se debe a que los tres exmagistrados rechazaron la demanda competencial que presentó Pedro Olaechea contra la interpretación de la denegatoria fáctica que dio lugar al cierre del Congreso en setiembre del 2019.
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Acusación a Vizcarra
Asimismo, la congresista Kelly Portalatino presentó ayer otra denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra. Ella solicita inhabilitarlo por el período de diez años. Dicha denuncia se realiza en el contexto del trabajo de una comisión establecida en el Congreso para investigar la gestión de Vizcarra durante la pandemia.
La acusación que presentó Portalatino señala anomalías en las adquisiciones de EsSalud. Además, indica sobre una red que traficaba con las camas de cuidados intensivos y otras quejas expresadas por el gremio sindical. En esta denuncia, a Vizcarra se le atribuye los posibles delitos como colusión y negociación incompatible.
