El debate sobre la figura de la inmunidad parlamentaria en el Congreso de la República ha vuelto a reabrirse con el proyecto de ley presentado por congresistas de la bancada de Acción Popular involucrados en el caso «Los Niños». A continuación, Diario el Gobierno te explica las razones detrás de la propuesta y su implicancia para los legisladores.
¿Cuál es el cambio?
La iniciativa plantea reformar el artículo 93 de la Constitución Política, para lo cual se agregaría al texto normativo lo siguiente:
Este apartado en la norma significaría que los congresistas no sean apresados ni procesados sin previa autorización del Parlamento por delitos cometidos durante su mandato, reestableciendo así la figura de la inmunidad parlamentaria.
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Motivo del proyecto de ley
El objetivo detrás de la propuesta de los parlamentarios sería «fortalecer la institucionalidad del Congreso de la República». Argumentan que los legisladores deben contar con prerrogativas que les permita ejercer sus funciones sin temor a ser judicializados bajo un móvil político. Por esta razón, consideran necesario que el Parlamento sea un filtro previo que evalúe si levantar la inmunidad o no conforme a indicios sobre la comisión del delito.
Para los congresistas de Acción Popular restablecer este modelo sería una apuesta por fortalecer una asamblea que tome decisiones sin que medien fines particulares.
La discusión detrás de la inmunidad parlamentaria
La inmunidad parlamentaria es una garantía procesal penal de carácter político que consiste en la inmunidad de arresto y de proceso a favor de los congresistas. Su origen tuvo un sentido proteccionista de la función legislativa de la injerencia de los otros poderes del Estado. Para el Tribunal Constitucional, su objeto fue prevenir detenciones o procesos penales con fines estrictamente políticos que perturben el funcionamiento o la conformación del Congreso.
Solamente descartándose una motivación política, el Congreso tenía el deber de levantar la inmunidad al congresista acusado. No obstante, en la práctica se le dio un uso abusivo que llevó a la impunidad de congresistas generando un claro incumplimiento de dicho deber constitucional. Finalmente, el Congreso aprobó su eliminación a inicios del 2021 con 103 votos a favor.
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¿Volver o no a la inmunidad parlamentaria?
En diálogo con Diario El Gobierno, la doctora Erika García Cobián comenta que la implicancia del retorno a la inmunidad parlamentaria sería negativa. Explica que si bien su origen fue proteger a los congresistas contra las arbitrariedades de la autoridad política del gobierno o a los grupos vulnerables políticamente que recién accedían al parlamento o a los que pertenecían a grupos de oposición, nuestro contexto al igual que su uso en la práctica legislativa ha cambiado.
En un escenario donde el ejercicio del poder era más arbitrario para ciertos sectores del parlamento tenía sentido la figura de la inmunidad parlamentaria. Esto en razón de que se garantizaba el papel del Congreso y el equilibrio de poderes, permitiendo que funcione efectivamente como una garantía reconocida constitucionalmente.
Detalla que, a medida que se ha afirmado el estado constitucional, la inmunidad parlamentaria queda como innecesaria. Las razones de ello es que esta adquiere una funcionalidad que se aparta de la igualdad frente a la administración de justicia en tanto protege a los funcionarios por la supuesta comisión de delitos comunes. Además, el papel del Tribunal Constitucional es mayor, se cuenta con garantías constitucionales y con mecanismos de protección para una administración de justicia independiente.
«En la práctica se ha visto que su uso se ha prestado para ser una carta de negociación de los grupos parlamentarios. Incluso esto se pudo ver en el informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política donde se presentan estadísticas de cómo se vota sistemáticamente en casos de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Instaurar nuevamente esta prerrogativa que favorece la impunidad, corrupción, trato desigual y debilita la institucionalidad política, sería un claro retroceso para nuestro modelo constitucional», concluye.
