La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción pidió al Poder Judicial incorporarse como «actor civil» o «parte agraviada» en la investigación que se le sigue al empresario Alejandro Sánchez, el exsubsecretario general del Despacho Presidencial Beder Camacho, el exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo y otros implicados en el caso ‘Asesores en la Sombra’.
Mediante un documento escrito, la defensa legal del Estado presentaba sus motivos para considerarle dentro de esta figura en la investigación, debido a los daños y prejuicios contra el Estado y por los mismos hechos que se les acusa a los investigados.
Ante ello, la solicitud se presentó al despacho del juez Víctor Zúñiga Urday para que ponga en conocimiento a las demás partes involucradas. Si en caso exista alguna oposición a dicho pedido, se citará a todas las partes para debatir en una audiencia y llegar a un consenso. En cambio, si existe acuerdo total se remite la resolución de la misma.
¿Qué podría pasar?
Ubicándonos en la situación que el magistrado decida fundada esta solicitud, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción podrá acceder al pago de una reparación civil a favor del Estado, si los investigados se encuentran responsables de los cargos que se les imputa.
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En esa línea, la defensa legal del Estado asignó en su solicitud la sumas de dinero que deberán pagar los involucrados de ser responsables. La propuesta inicial señala que los implicados en el caso ‘Asesores en la Sombra’ paguen 144 millones 336 mil soles por daño patrimonial al Estado. Asimismo, tendrán que dar 2 millones 736 mil 843 soles, por el concepto de daño extrapatrimonial.
