La Comisión de Ética del Congreso de la República no aprobó el informe de la Secretaría Técnica, la cual recomendaba la suspensión por 120 días de la parlamentaria de Alianza para el Progreso, Rosio Torres, por recortar el sueldo a los trabajadores de su despacho.
Por el caso «mochasueldos», la Comisión del Congreso sancionó a la congresista de Alianza para el Progreso con el pago de una multa equivalente a su salario mensual de S/. 15 600.00; a pesar de que habían testimonios contundentes en su contra.
Testimonios contra Rosio Torres
El 19 de junio, una ex empleada del despacho de la congresista Rosio Torres, presentó una denuncia a la Comisión de Ética del Congreso de la República de que el recorte de su sueldo iba directamente a la legisladora. «Mis medios probatorios están en reserva ante la Fiscalía, pero el recorte de mi sueldo que quede claro era directamente con la congresista», señaló la extrabajadora.
La votación fue de ocho a favor, tres en contra y una abstención. Los parlamentarios que blindaron a Rosio Torres son María Agüero, Waldemar Cerrón y Flavio Cruz de Perú Libre; Heindinger Ballesteros y Cheryl Trigozo de Alianza para el Progreso; Luis Aragón y Javier Padilla de Acción Popular; y Elías Varas de Perú Bicentenario.
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‘Mochasueldos’ protegidos por el Congreso
El informe final sobre la congresista de Podemos Perú, Heidy Juárez, recomendaba suspenderla 120 días de sus funciones pero la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, interpuso una cuestión previa en la que solicitó que la sanción corresponda a una multa de 30 días de su salario. Posteriormente, dicha cuestión previa aprobada por el Congreso de la República, protegió a la congresista de Podemos Perú de la suspensión.
El día lunes 12 de junio, durante la votación de la denuncia contra la parlamentaria de Alianza para el Progreso, Magaly Ruiz, aconteció el mismo mecanismo de blindaje. La legisladora de su misma bancada, Nelcy Heidinger, presentó una cuestión previa para cambiar la recomendación de la suspensión de 120 días por el del pago de una multa de 30 días, tal como pasó previamente con la congresista Heidy Juárez. También apoyada por el Congreso de la República, la congresista de Alianza para el Progreso evitó la suspensión de sus funciones.
El 23 de junio, en el caso de la legisladora de Alianza para el Progreso, Rosio Torres, pasó lo mismo por tercera vez. La congresista de Alianza para el Progreso, Cheryl Trigozo, presentó una cuestión previa para cambiar la amonestación de su compañera de bancada por el pago de una multa equivalente a 30 días de su salario, siguiendo el «principio de proporcionalidad» como en los dos casos anteriores.
