Con 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República declaró improcedente la denuncia contra la presidente Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; y los exministros Pedro Angulo, César Cervantes y José Tello por las muertes de los manifestantes durante las protestas sociales —que comenzaron el 07 de diciembre del 2022— en contra del Gobierno.
La parlamentaria de Juntos por el Perú, Ruth Luque, denunció ante la Subcomisión de Acusaciones el uso excesivo de la fuerza por parte del Gobierno contra los manifestantes. Y tomó como argumento la violación de los derechos fundamentales a la vida e integridad física y psicológica estipuladas en la Constitución de 1993.
Denuncia archivada
La presidente de la Secretaría Técnica de la Subcomisión, la legisladora Lady Camones, recomendó desestimar la denuncia debido a que también lo investiga la Fiscalía y la propia Comisión Especial creada por el pleno del Congreso para investigar las muertes en las protestas. De igual manera, «la denuncia era improcedente dado que no ha cumplido con el criterio de que los hechos constituyan infracción de la constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal», indicaron los parlamentarios que integran la Subcomisión.
De esta forma, la recomendación de rechazo está reflejado en el informe de la Secretaría Técnica, señalando que, «debido a los actos de vandalismo durante la manifestación, las fuerzas del orden hicieron uso correcto de las armas de acuerdo con sus reglamentos»; además, «no puede determinarse los supuestos abusos desmedidos y la participación de los denunciados».
LEE TAMBIÉN: Adiós al bono extraordinario en el Congreso
Críticas y rechazo
La congresista Ruth Luque criticó dicho informe señalando que «las fuerzas policiales y militares incurrieron en una infracción de la Constitución». Conjuntamente, propuso que se tome en cuenta el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de los organismos autónomos como la Defensoría del Pueblo y las evidencias de los medios de comunicación que demuestran los actos violentos llevados a cabo por las fuerzas del orden.
De igual manera, la congresista de izquierda, Sigrid Bazán, precisó que se debe admitir la denuncia debido a que «39 muertes fueron producto de impacto de balas, de las cuales 21 personas no participaban en las manifestaciones». Posteriormente, las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Renovación Popular votaron a favor de desestimar la denuncia alcanzando 11 votos. Asimismo, tres congresistas de la bancada Magisterial y de Somos Perú votaron por la abstención.
