En medio de una gravísima situación devenida del fallido golpe de Estado del vacado Pedro Castillo, el Pleno del Congreso, con 93 votos a favor, aprobó el adelanto de elecciones generales para abril de 2024 y el recorte del mandato del presidente, vicepresidente, parlamentarios, legisladores y representantes peruanos ante el Parlamento Andino que fueron elegidos en los comicios de 2021.
Inmediatamente después de la defenestración del dictador Castillo, la crisis política y social se ha agudizado con las imparables protestas. La población está exigiendo la salida de Dina Boluarte y de los congresistas para que se convoquen unos nuevos comicios con una Asamblea Constituyente. Las movilizaciones ya dejaron al menos 26 personas fallecidas a consecuencia de las represiones policiales y militares.
Pero mucho antes del derrocamiento, las funcionarias Digna Calle y Susel Paredes arguyeron que se aplicó una estrategia desestabilizadora en contra el triunfo electoral de Perú Libre y en contra el docente cajamarquino, con la intención de forzar una destitución arbitraria de Castillo.
El país sigue sumergido en la incertidumbre desde el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski por los constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo y Legislativo. La mencionada propuesta de reforma constitucional parece una medida acertada para contrarrestar las recientes problemáticas acaecidas en el Perú.
Los sustentos del adelanto de elecciones del Legislativo y Ejecutivo
A través del Proyecto de Ley 1897, la congresista Digna Calle estimó que el adelanto de elecciones resolvería la nefasta tesitura que afrontan los peruanos desde el 2016 y fomentaría una cultura democrática para concientizar a la ciudadanía sobre sus derechos y deberes. En el documento, argumentó que la rivalidad entre Ejecutivo y Legislativo impide la priorización de una agenda que mejore la situación irresoluta del país.
No fue la única iniciativa que exige nuevos comicios. Con los mismos argumentos que Calle, la parlamentaria Susel Paredes exigió el recorte del mandato del presidente, vicepresidente, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino debido a la crisis política ocasionada por «una injustificada agenda golpista que impidió el diálogo con la gestión de Pedro Castillo» por los serios indicios de corrupción en su contra y en contra de su entorno más cercano.
Pero el Ejecutivo no se queda atrás. Ni bien asumió la presidencia de la República gracias a la incapacidad del vacado Pedro Castillo, la flamante mandataria Dina Boluarte presentó un proyecto de ley de reforma constitucional para convocar elecciones generales para abril de 2024.
Boluarte comentó que el Legislativo requiere cambios democráticos y constitucionales. Además, indicó que su propuesta está orientada a la conformación de un Estado democrático y social en «promoción de la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos».
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Condicionamiento
Minutos antes de votar el dictamen que propone el adelanto de elecciones generales, los congresistas de Renovación Popular condicionaron su apoyo a los nuevos comicios a cambio de que se cesen las funciones de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones y de los jefes de la ONPE y Reniec. El parlamentario José Cueto dilucidó que los organismos electorales también ha sido parte del problema debido a que, precisamente, no ejercieron una justicia electoral.
Sin embargo, la parlamentaria Sigrid Bazán criticó severamente el pedido del partido de Rafael López Aliga. Ella consideró que Renovación Popular está coaccionando su voto a favor a cambio de «descabezar al sistema electoral para amañar elecciones adelantadas con funcionarios a su medida».
Impacto negativo
Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, puntualizó que el adelanto de elecciones tendría un impacto negativo en la economía del país, puesto que se podría afectar las decisiones de inversión.
«El mercado está esperando porque ahora piensa en qué candidatos podrán presentarse. No solo [preocupa] el calendario electoral, también son los mismos candidatos, hay una mayor preocupación de que no habría tiempo suficiente para que otros candidatos pudieran presentarse», señaló.
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Las cifras
En la última encuesta realizada por Ipsos, el 68 % de la población desaprobó la gestión de Dina Boluarte. Ante la gravísima situación ocasionada por el fallido golpe de Estado del dictador Pedro Castillo y por los constantes enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo, el 62 % de los peruanos respaldó el adelanto de elecciones con reformas políticas y electorales.
