La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso deberá recibir este viernes el informe final del congresista Edgard Reymundo sobre la delación que recae contra la vicepresidente Dina Boluarte. La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social fue denunciada por presuntamente infringir los artículos 38 y 126 de la Carta Magna al firmar documentos como presidente de la Asociación Club Departamental Apurímac, siendo simultáneamente funcionaria pública.
Tras dicha entrega, se convocaría una audiencia para la sustentación y votación de la posible inhabilitación de Boluarte para el ejercicio de cargos públicos. Sin embargo, el mencionado grupo del Legislativo había dado plazo hasta el 8 de noviembre a Reymundo para la presentación del documento.
El futuro de Boluarte depende del legislador de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú. En el informe, Reymundo puede recomendar la acusación o archivamiento de la investigación. Cualquiera que fuera el caso, deberá remitir su decisión a la Comisión Permanente.
Denuncia
Todo inició con un informe de la Contraloría General de la República. El organismo de control detectó la doble función de Dina Boluarte al realizar gestiones para el Club Departamental Apurímac cuando ya fungía de ministra de Estado. Entonces, el Legislativo comenzó a investigarla por tres razones: habría vulnerado los artículos 38 y 126 de la Constitución; habría cometido delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y se habría aprovechado indebidamente del cargo.
Pero el letrado Alberto Otárola — defensa legal de la vicepresidenta Boluarte — arremetió contra la delación presentada por los congresistas de Renovación Popular y Avanza País. Pues aseveró que la oposición parlamentaria intenta «hacerse con el poder y revertir la derrota» que sufrió en el último proceso electoral.
Asimismo, la ministra Boluarte rechazó las inculpaciones. En un comunicado puntualizó que, «como todo ciudadano y ciudadana», tiene derecho a participar en la vida de asociaciones civiles sin fines de lucro. Después arremetió contra la Contraloría por no ser debidamente notificada.
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Aprobación de la denuncia contra Dina Boluarte
En junio se aprobó el informe de calificación sobre la denuncia constitucional en contra de la vicepresidenta Dina Boluarte. Fueron nueve votos a favor y tres en contra. Hubo dos abstenciones. El documento acumuló las delaciones 268, 269 y 270. Pero solo se aprobaron las dos primeras.
La acusación contra la ministra Boluarte tuvo como antecedente y sustento el informe de la Contraloría. Se detectó que la titular del MIDIS habría vulnerado el artículo 38 de la Constitución Política al no consignar en su declaración jurada de intereses la actividad de su cuñado Alfredo Pezo Paredes, quien suscribió un contrato con el Estado Peruano por 8 mil soles.
Otra irregularidad cometida por Boluarte sería el quebrantamiento del artículo 126 de la Carta Magna. Según la Contraloría, habría efectuado actos de gestión como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya era funcionaria de la RENIEC.
