Un colectivo integrado por más de 220 asociaciones civiles presentó siete propuestas de reformas constitucionales para superar la crisis política ocasionada por las acciones vedadas del Ejecutivo y Legislativo. La Coalición Ciudadana propone acortar de manera excepcional el actual mandato presidencial y congresal debido a la ingobernabilidad, corrupción y mala representación; para de esta forma, convocar a nuevas elecciones.
En primer lugar, sin embargo, se requiere 75 mil firmas para el procedimiento de dicha iniciativa. Conseguido el apoyo, se presenta el proyecto ante el Parlamento para su posterior evaluación. Pero cabe la posibilidad de que los legisladores archiven o modifiquen la proposición. En ese caso, la Coalición Ciudadana procederá a recolectar firmas del 10 % de la población para efectuar un referéndum.
Reformas constitucionales de la Coalición Ciudadana
Álvaro Henzler, vocero de la Coalición Ciudadana, indicó que las reformas constitucionales mejorarán la representatividad y elevarán el nivel de la clase política que gobierna al país. Además, adelantó que comprará el kit de la ONPE para el recojo de firmas.
Recordemos que el último 11 de octubre el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional en contra de Pedro Castillo por liderar una organización criminal desde el Ejecutivo. Y una de las propuestas planteadas consiste en acusar y destituir a un mandatario por delitos de corrupción, crimen organizado o por infracción a los deberes primordiales del Estado previstos en el Artículo 44 de la Constitución. Pues el colectivo consideró que la indefinición del uso de la vacancia presidencial moral permanente genera inmunidad al presidente en ejercicio que comete actos ilícitos.
Asimismo, el docente chotano ha designado a personas cuestionadas en altos cargos del Estado. Nombró, por ejemplo, a Rubén Ramírez Mateo como ministro del Ambiente, pese a que tenía denuncias por agresiones, acoso, violencia psicológica y hostigamiento. Otra de las reformas constitucionales de la Coalición Ciudadana es, precisamente, el impedimento del ejercicio del cargo público de personas condenadas por faltas graves. «Deben estar impedidas también de formar, dirigir, financiar e integrar partidos políticos; en ambos casos, incluso si ya cumplieron su condena», añadieron.
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Carta a la OEA
El último 31 de octubre, la Coalición Ciudadana envió una carta a la OEA para resolver la crisis, consolidar nuestra democracia, velar por los derechos humanos y facilitar el desarrollo social y económico sostenible en Perú.
En la misiva escribieron: «El grado de deterioro institucional ha llegado a tal punto que la población no confía en los políticos ni en las actuales reglas de juego bajo las cuales se ejerce la política. De hecho, diversos estudios independientes indican el altísimo nivel de desconfianza de la ciudadanía en los poderes Ejecutivo y Legislativo, y en las instancias gubernamentales subnacionales».
Asimismo, argumentaron que el gobierno de Castillo está desmantelando la capacidad de gestión del Estado debido al nombramiento de funcionarios no calificados que enfrentan investigaciones por presuntos casos de corrupción. «De hecho, el propio presidente de la República, junto a personas de su entorno, tiene siete carpetas fiscales acompañadas de cuantiosa evidencia por casos de obstrucción a la justicia, presuntos delitos de corrupción y de crimen organizado», agregaron.
Finalmente, precisaron que el Parlamento ha promovido y aprobado contrarreformas que favorecen intereses particulares, además de impulsar proyectos que implican «graves retrocesos de derechos fundamentales» y designar a funcionarios acusados por graves abusos de derechos humanos.
