Esta semana se dio a conocer que el Ministerio Público Federal de Brasil determinó la suspensión del acuerdo de cooperación jurídica con Perú, en relación con el caso Odebrecht tras un pedido de la compañía. Según se indica, la decisión se tomó como respuesta a una demanda de Novonor, antigua Odebrecht, que denunció la supuesta violación por parte de las autoridades peruanas del acuerdo firmado entre ambas partes, que incluye la “no utilización de pruebas producidas en Brasil” contra la empresa en aquella jurisdicción. Al respecto, Diario El Gobierno resume aspectos importantes sobre esta controversia que compromete a los fiscales del Equipo Especial: Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez.
Origen del Equipo Especial
Según obra en la página www.gob.pe, el Equipo Especial fue creado en diciembre de 2016 con la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 5050-2016-MP-FN, ante la necesidad del Ministerio Público de hacer frente a las investigaciones relacionadas a los graves actos de corrupción realizados por la empresa brasileña Odebrecht y otras constructoras del mismo país, para ser favorecidas en diversas licitaciones de obras públicas en el Perú.
Asimismo, señalan que esta competencia fiscal se amplió en agosto de 2017 para incorporar casos de delitos de lavado de activos, vinculados también a la actuación de estas empresas brasileñas. Posteriormente, se unificaron las investigaciones relacionadas al caso conocido como ‘Lava Jato’, bajo un solo Equipo Especial. Además, se designó como coordinador al fiscal superior Rafael Vela Barba.
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El «boom» de las prisiones preventivas
A pedido de la Fiscalía, los expresidentes Kuczynski y García fueron incluidos en pedidos de prisión preventiva y detención preliminar, respectivamente. El fatídico deceso del expresidente Gracía impidió su reclusión. Por otra parte, el expresidente Humala purgó nueve meses de prisión preventiva, igual que su esposa Nadine Heredia. Mientras que el expresidente Toledo se encuentra prófugo en Estados Unidos, y aún se gestiona su extradición ante las autoridades norteamericanas.
Una de las recientes medidas judiciales relacionadas con aportes clandestinos de Odebrecht fue la reclusión preventiva dictada contra Keiko Fujimori, hija del ex gobernante Alberto Fujimori, que tuvo un prolongado tiempo de permanencia en el penal de mujeres de Chorrillos en Lima tras declararse el pedido de 36 meses en su contra, logrando recobrar su libertad ante el contexto situacional originado por la pandemia de la Covid-19.
De héroes a villanos
La prisión preventiva y el freno a la impunidad de los denominados “peces gordos” caricaturizó la imagen del Ministerio Público, en especial la de Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez, quienes, además, tuvieron gran aceptación social en forma conjunta con el expresidente Martín Vizcarra. Este último asumía la presidencia en sucesión de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, desde el gremio jurídico las opiniones eran divididas por parte de quienes consideraban que la prisión preventiva era una medida excepcional y su continua aplicación respondía más a fines mediáticos que a los principios del derecho tales como la razonabilidad y la proporcionalidad.
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Acuerdos frustrados, juicios por venir y un futuro incierto
Si bien es cierto que con la prisión preventiva se “buscaba combatir la impunidad”, lo cierto es que el accionar del Equipo Especial terminó siendo un arma de doble filo. El ente brasileño determinó la “suspensión, por ahora, de la cooperación jurídica” con Perú hasta que sean presentados nuevos esclarecimientos por parte de las autoridades peruanas ante la “gravedad y verosimilitud de las informaciones” sustentadas por la compañía, según un documento fiscal con fecha de 31 de octubre.
Según el Ministerio Público de Brasil, las sustentaciones están “guarnecidas” de pruebas que comprueban el supuesto incumplimiento del acuerdo de colaboración firmado entre Odebrecht y Perú, así como la violación de “derechos y garantías fundamentales de los signatarios” de estos acuerdos, entre otros aspectos. Cabe resaltar que la suspensión del acuerdo implicaría el aplazamiento de los interrogatorios de varios exempleados de Odebrecht programados para noviembre como testigos en el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala, según fuente de Diario Gestión.
En declaraciones para RPP, El exdecano del CAL, Mario Amoretti, fue firme al señalar que los fiscales peruanos, que investigan el caso Odebrecht, viajen a Brasil para ver cómo subsanar la supuesta vulneración al acuerdo de cooperación jurídica con las autoridades brasileñas. Por otra parte, el exfiscal supremo Tomás Gálvez calificó de ‘traidores’ a Vela y Domingo Pérez. «Pusieron de rodillas al país ante Odebrecht», sentenció
