Nuevamente Antauro Humala. Para que Antauro Humala pueda volver a ser candidato, él tendría que realizar el pago de la reparación civil establecida en su condena. Su abogado, Carlos Caro, señaló y consideró que la excarcelación del líder etnocacerista es ilegal.
En este sentido, Antauro estaría imposibilitado de postular a cargos público, incluida la Presidencia de la República, a pesar de haber sido excarcelado debido a que no ha cumplido con pagar la reparación civil que era parte de su condena.
Aquel monto fue de S/ 1 283 000, su condena incluye el pago de una reparación para las víctimas del ‘Andahuaylazo’. Todo ello, fijado por la Corte Suprema y que, hasta el momento, no se ha cancelado.
«Hoy en día el señor Humala no podría postular porque sobre él pesa una condena y, al no haber pagado la reparación, todavía no ha sido rehabilitado. Cuando una persona ha salido de la cárcel, todavía no ha pagado todo, tiene que pagar, además, la reparación».
Manifestó el penalista.
A pesar de ello, el abogado indicó que un benefactor que quiera tener a Antauro Humala como parte de un proyecto político podría pagar la reparación civil. Esto permitiría que el líder etnocacerista tramite su rehabilitación y de esa forma postule a la Presidencia de la República o cualquier otro cargo público.
Abogado de Humala considera que su excarcelación fue ilegal
LEE TAMBIÉN: Fiscalía previene hasta 23 años de prisión para Yenifer Paredes
Carlos Caro también consideró que la excarcelación de Antauro Humala es ilegal, pues no se respetó el principio de legalidad, al ser una decisión emitida siguiendo un reglamento interno sin dejarlo a criterio de un juez. Añadió que el Código Procesal establece un procedimiento judicial para la excarcelación, que en este caso no se ha respetado.
«La excarcelación es ilegal porque hay un principio en el derecho penal, que es el principio de legalidad. La libertad solamente la decide una autoridad judicial, no lo decide la Policía, menos el director de un penal. Entonces es absolutamente inasible el hecho de que una autoridad administrativa pueda concordar la pena por trabajo o educación».
Carlos Caro.