Hace algún tiempo se ha puesto sobre la mesa de debate político la importancia de la inmunidad parlamentaria. Para muchos, esta es una institución obsoleta, que solo sirve como resguardo de los actos delictivos de algunos congresistas. Para otros, la inmunidad es una institución que ha de mantenerse, para salvaguardar la libertad de voto, actuación y decisión de los parlamentarios. Lo cierto es que, el pasado 05 de julio del presente año, luego de innumerables contraposiciones entre el poder ejecutivo – quien propuso la reforma constitucional de eliminación de la inmunidad parlamentaria y otras más– y el poder legislativo, el congreso decidió aprobar la eliminación de dichas prerrogativas, con la modificación de extensión de esta anulación a otros representantes del estado, incluido el Presidente de la República y sus ministros.
¿Qué es la inmunidad parlamentaria y cuál es su importancia? La inmunidad parlamentaria es un privilegio que ostentan los congresistas, el cual brinda una barrera de protección a la representación nacional, para no ser procesados o detenidos por delitos cometidos durante su periodo legislativo o con anterioridad. La importancia de este privilegio parlamentario reside en las funciones que este poder del estado ejerce, naturalmente, de carácter político.
Para entender mejor la naturaleza de este privilegio, es menester remontarnos a la etapa fundacional del parlamento. Recordemos que tras las revoluciones burguesas que buscaban frenar el poder absoluto del gobernante, nace el parlamento, con la única finalidad de brindar un contrapeso político a una autoridad máxima. La importancia del parlamento se cimienta, entonces, en la representatividad de los ciudadanos en el poder del estado. En efecto, el congreso personifica al pueblo en las articulaciones políticas y decisiones más trascendentales para el desarrollo y gobierno del país. Su primacía nace de que, de allí, se emana la ley positiva y el ordenamiento jurídico del estado.
Sin embargo, no son las únicas atribuciones del congreso. Una de las labores esenciales del parlamento, es la de control político y fiscalización. Pero, para que esta facultad sea ejercida con plena libertad, es necesario que los parlamentarios desarrollen su labor sobre terreno firme, que impida que condicionamientos o amedrentamientos modifiquen su actuar político. Es entonces cuando se revela la exigencia de la inmunidad parlamentaria para el sistema democrático. Sin ella, los congresistas quedan expuestos a que otros poderes del estado u otros partidos políticos intenten modificar o atentar contra su libre accionar.
No vamos a negar que, en ocasiones, este privilegio ha sido usado por algunos congresistas que han buscado huir de la justicia o escabullirse para no enfrentar delitos propios. A pesar de ello, no me parece este un argumento solido para solicitar su eliminación. Pues es sabido que toda ley tiene su detrimento y, no por ello, se exige la eliminación de las mismas. Para ello, creo que es importante discernir entre las instituciones y quienes la ejercen. La inmunidad parlamentaria es otorgada a la investidura congresal. No es un privilegio que se les otorgue en su calidad de ciudadanos, sino que se les es otorgada en virtud de que representan a la ciudadanía, donde reside la totalidad del poder del estado.
Por todo ello, me parece de vital importancia que una medida de tal magnitud prevalezca en la sociedad, para garantizar la separación de poderes y resguardar el sistema democrático de un país. Sin inmunidad, no es posible fiscalizar, expresar y decidir en libertad. No pequemos de ingenuos. Eliminar esta prerrogativa parlamentaria supondrá un debilitamiento muy hondo en una institución de magna importancia para toda la ciudadanía. La inmunidad ha de prevalecer para asegurar una libre y verdadera representación popular.
Ahora bien, evaluemos la importancia de esta medida en nuestro contexto político-social. En los últimos años, nuestro país ha venido enfrentando diversos panoramas políticos poco agradables. Las constantes contraposiciones entre los poderes del estado y las recurrentes dudas sobre la constitucionalidad de las medidas que se van tomando en nuestra sociedad, son manifestación de un terreno poco sólido para la vida política y democrática de nuestro país. Es de conocimiento público que la aprobación del congreso disminuye cada día – y a veces, con justa razón – por ello, creo que eliminar estas prerrogativas son perjudiciales para nuestra democracia, porque debilitan aún más este poder del estado. Más aún, nuestro país ha observado en los últimos años la judicialización de la política y el fenómeno de los jueces carceleros. Por esto último, la inmunidad congresal revela con mayor énfasis su necesidad. Suprimirla, es lanzar al parlamento a una guerra sin armas.
Algunos han afirmado que no se está eliminado la inmunidad parlamentaria, que se está reformado el modo de aplicarla. Nada más falso. La naturaleza de la inmunidad parlamentaria exige que sea el mismo congreso quien tenga la facultad de decisión sobre su levantamiento. Si esta prerrogativa ha nacido con la intención de obtenerle autonomía a este poder del estado, quitarle esta autonomía y trasladarla a otra institución, es eliminar el privilegio, sin más. Habría que preguntarnos si los miembros de la Corte Suprema están exentos de caer en manipulación política, porque según se ha notado estos últimos años, esto no parece del todo seguro.
No es la forma de hacer las cosas. En primer lugar, porque los congresistas que requieren el levantamiento de la inmunidad son un número reducido, y no podemos traer abajo una institución emblemática por unos cuantos casos. En todo caso, el problema fundamental se encuentra en el proceso de selección de candidatos y, finalmente, del mal voto en las urnas. Busquemos reforzar la democracia, no la debilitemos. No nos dejemos engañar por la dictadura del populismo. Tampoco aceptemos una impunidad disfrazada de inmunidad, defendamos la verdadera inmunidad, aquella que protege nuestro derecho a ser representados. Creo, con firmeza, que la reforma de la inmunidad parlamentaria es demasiado perjudicial para nuestro sistema político, debilita al parlamento, pone en peligro el verdadero control político. Es un quiebre en el sistema democrático.
